La idea era que en la Unión Europea hubiera un reparto obligatorio de solicitantes de asilo, más justo y solidario, que permitiera redistribuir en base a una clave de reparto preestablecida a los refugiados que inundan los centros de inmigrantes de Italia, Grecia o Malta. Pero, la falta de solidaridad de los 28 estados miembros de la Unión Europea a reubicar los refugiados en territorio comunitario y la negación a admitir cupos, niegan una oportunidad a esas personas que huyen de sus países por culpa de la violencia, las guerras y la ausencia de derechos humanos.

Los países de la UE acogerán a 22.504 refugiados que aún se encuentran fuera del territorio comunitario. España forma parte de los siete países que incumplen el objetivo de reubicar a un total de 40.000 demandantes de asilo. España sólo acogerá 1.300 refugiados, principalmente sirios, eritreos e iraquíes, frente a los 4.288 que Bruselas había pedido. El gobierno español se niega a admitir más refugiados por sus esfuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal, con las mafias y en defensa de las fronteras de la Unión Europea.

España no cumple los compromisos de España con la Directiva Europea en materia de reparto ni tampoco satisface las necesidades de los refugiados ya instalados. El ministro de Interior  Fernández Díaz, que mantiene que la reubicación de demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia es una “mala medida” e incluso la comparó a una casa “con muchas goteras que inundan distintas habitaciones” en la que se prefiere “distribuir el agua entre habitaciones en lugar de taponar”.

El gobierno español apuesta por un control de fronteras y la insolidaridad hacía esas personas que demandan asilo o estatus de protección internacional. Los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) están colapsados, cuando se acaba la permanencia de seis meses, salen del sistema de acogida y son abandonados, no han aprendido nuestro idioma, no tienen trabajo y sus condiciones de vida se agravan sin posibilidad de integración en la sociedad.

No podemos hablar de inmigrantes «ilegales», porque son personas que huyen de la persecución y de la injusticia, España tiene el derecho y la obligación de regular la entrada de ciudadanos extranjeros en su territorio pero sin que sea a costa del derecho de las personas que nos solicitan asilo a preservar sus derechos humanos fundamentales. La solución para el gobierno es que se vayan a otros países o regresen a su país de origen, pero nuestra obligación es darles protección.

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