La pregunta de si unos miembros de un gobierno democrático están encarcelados por intentar expresar de forma pacífica su voluntad de que Catalunya sea independiente. ¿Tienen que estar en libertad o en prisión? La pregunta se puede formular de otra manera: los miembros de un gobierno democrático que dejan la legalidad española en nombre de una presunta legitimidad catalana. ¿Tienen que estar en libertad o en prisión? La respuesta será diferente, para los que defienden la denegación de legitimidad del Estado español y la legalidad de una República Catalana. Y, los que defienden la unidad nacional, el Estado de Derecho, la Constitución y el Estatut.

Desde el escrupuloso respeto a la justicia y a la separación de poderes, los miembros del Gobern, no son presos de conciencia, son excargos acusados de actuaciones que pueden constituir delito. La justicia debe garantizar, sin injerencias de ningún tipo, que no se ejerza de manera arbitraria o desproporcionada y también que interprete las leyes conforme a las necesidades sociales de su tiempo. Y, sobre todo la justicia no es la responsable se solucionar los problemas políticos. Judicializar la vida política es reconocer que la política no sirve para solucionar los problemas de la sociedad.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado hoy, el ingreso en prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete consejeros cesados. La magistrada les atribuye los delitos de rebelión, sedición y malversación. Para el octavo exconseller, Santi Vila, que dimitió tras acabar la primera sesión del pleno convocado para proclamar la independencia, se ha dictado prisión eludible con fianza de 50.000 euros. Los otros cuatro miembros del Gabinete  de Puigdemont y el expresident se encuentran en Bruselas y no han acudido a declarar, dictando la juez una Orden Europea de Detención y Entrega.

La fiscalía pretendía que reconocieran que la declaración unilateral de independencia no tuvo validez y admitir la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Oriol Junqueras y los exconsellers que han declarado, se han negado a contestar a las preguntas del fiscal, respondiendo solo a sus abogados. Salvo Santi Vila, que seguía otra estrategia legal, contestando a las preguntas del fiscal y de la jueza. Al igual que a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ingresan en prisión incondicional y sin fianza.

La medida de prisión incondicional sin fianza, puede ser desproporcionada, pero está claro que la jueza aprecia una alta probabilidad de que exista riesgo de alteración de pruebas o riesgo de fuga, lo cual es compresible. Pero, si ellos hubieran reconocido que la DUI  no tuvo validez y su aceptación de la aplicación del 155 y la jueza hubiera acordado libertad condicional con fianza. Serían libres pero presos de sus ideas, porque si pretenden defender la independencia de nuevo, la justicia revocaría su libertad condicional y los enviará de nuevo a prisión. Muchas veces hay que ser consecuentes con las ideas.

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