Jean Monnet, uno de los fundadores de la Europa unida, decía que “los hombres pasan, pero las instituciones quedan; nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones.» Esto es de lo que nos quieren convencer la mayoría de la clase política española: desvincular los indicios de que el rey emérito Juan Carlos I lograra su fortuna como comisionista internacional, con la institución de la monarquía. Y, más aún, desligar sus supuestos devaneos como intermediario, con su supuesta buena gestión como jefe de Estado. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el del Partido Popular, Pablo Casado, quieren hablar de los indicios de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre los supuestos delitos de Juan Carlos I, los dos se afanan en defender el papel de Felipe VI y de la monarquía.
Los indicios que la Fiscalía de Tribunal Supremo habría encontrado para incriminar al rey emérito Juan Carlos I son: blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. Es decir, que supuestamente el jefe de Estado se hubiera aprovechado de su cargo para cobrar «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales«. Me pregunto si las personas hacen a las instituciones o las instituciones hacen a las personas. Generalizar es siempre equivocarse, pero al igual que no todos los sacerdotes guardan castidad, virginidad, abstinencia y celibato, ni todos los políticos son honrados. Los casos de pederastia hacen daño a la Iglesia y la de los ladrones hacen daño a la política. De igual manera haber tenido un rey supuestamente comisionista internacional, no hace ningún favor ni a la monarquía, ni al resto de instituciones que son los pilares de la democracia. Porque al final el resultado de una institución o de cualquier empresa lo hacen las personas.
No se puede disculpar la supuesta buena gestión de un jefe de Estado al que se le supone ejemplaridad. Y, obviar el supuesto cobro de 65 millones de euros por las presuntas comisiones que habría obtenido por su intermediación en la concesión del AVE a la Meca; el presunto uso de tarjetas de créditos opacas o la existencia de cuentas millonarias en paraísos fiscales. Al igual que no se puede disculpar las acciones de pederastia en los sacerdotes o la falta de honradez en los políticos, por muy buena labor que realicen y por muy buenas personas que sean. Falta voluntad y valentía política para romper esos esquemas de comodidad de no cuestionar a la monarquía, dejando muy mal parada la propia democracia. El mutismo y la inacción son cómplices ante la deriva democrática del Estado español. No es buena ni para la monarquía ni por supuesto para el resto de españoles y españolas.
Los descendientes no tienen control ni culpa de lo que hayan hecho sus padres, pero a lo mejor en este caso, han podido tener conocimiento. La monarquía en España carece de legitimidad propia, no tiene un principio de legitimación democrática, no tiene transparencia. Una monarquía parlamentaria no puede sobrevivir con la inviolabilidad del rey, como si de una monarquía absolutista se tratara. Ni Juan Carlos I, ni Felipe VI, pueden hacer buena una institución nada democrática y fruto de la Transición Española como la monarquía española. Porque lo que realmente está caduco y trasnochado es la institución, las personas pueden pasar pero sus actos poco ejemplares debilitan a las instituciones. La democracia no puede dejarse para mañana, necesitamos una república, en la que existan controles, transparencia e igualdad, porque la monarquía no es insustituible.