Si ha pensado votar a la derecha o simplemente abstenerse, tiene que saber las leyes que la derecha, pretende derogar si llega al poder, en las próximas elecciones generales en España. Que se llevarán a cabo, en noviembre de 2023, siempre que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos consiga agotar la legislatura. Son la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Educación, la Ley del aborto, la Ley Trans y la Ley de Secretos Oficiales, si es que se aprueba de forma definitiva. Un cambio en el Ejecutivo, por lo tanto, traerá consigo evidentes cambios. Si vota a la derecha, estará de acuerdo, a lo mejor en dichos cambios, pero si es de los que decide quedarse en su casa, tiene que saber su responsabilidad en dichos cambios.
Dice la derecha que la Ley de Memoria Democrática, «atenta contra el espíritu de la Transición«. Que la Ley de Educación o más conocida como «ley Celáa» «iguala por abajo y no busca la excelencia» y que es sectaria. En la Ley del aborto, no están de acuerdo entre otras cosas en «la eliminación de la necesidad del consentimiento paterno en menores a partir de 16 años». En la Ley Trans piensan que: «es un planteamiento exclusivamente ideológico de una parte minoritaria del Gobierno que se impone a la sociedad española». La Ley de Secretos Oficiales les parece un «acto de pleitesía del Gobierno a la Generalitat de Catalunya».
La democracia funciona así, aunque sea una buena ley o que sea necesaria para un determinado gobierno, le puede parecer inapropiada al nuevo gobierno. Lo cual significa que con una mayoría parlamentaria se puede aprobar, modificar o derogar las leyes. Aunque cambiar continuamente las leyes puede ser contrario al Estado de Derecho e incluso antidemocrático. Por eso, es tan necesario intentar llegar a acuerdos políticos, para que un cambio de gobierno, no suponga un cambio de leyes. Por ejemplo, la ley de Educación cambia continuamente, sus normas esenciales, troncales, son modificadas una y otra vez, creando problemas tanto a profesores como alumnos y por supuesto a la valoración de rendimientos.
Cambiar las leyes significa una enorme molestia para los juristas, lo que dificulta enormemente que las controversias sobre ciertos preceptos legales acaben resolviéndose en el Tribunal Supremo, creando interpretaciones erróneas, que es en definitiva el que crea la jurisprudencia y si no se está de acuerdo llevarlo al Tribunal Constitucional. Lo que implica permanentemente judicializar la política. Nadie se puede comprometer a que una ley se vaya a derogar o cambiar entera de manera inmediata en un cambio de gobierno. A los legisladores hay que exigirles que hagan bien su trabajo y que las leyes sean lo más duraderas posibles y para eso es necesario el acuerdo político. Lo que no puede ser es que un cambio de gobierno, signifique derogar buenas leyes y necesarias.