Las conductas impropias no existen para el rey o por lo menos la irresponsabilidad del Rey exonera al Monarca de toda responsabilidad, no ya jurídica, sino política, por los actos que como rey lleva a cabo. Tal como dice el Artículo 56.3 de la Constitución Española: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Las investigaciones de la Fiscalía, archivadas este miércoles, sobre la fortuna opaca del Rey emérito en el extranjero reabren el debate sobre la inviolabilidad del Monarca durante el tiempo en el que ejerce el cargo. El rey emérito ha sido exonerado judicialmente, pero no moralmente delante de la sociedad española. El anterior Jefe del Estado cometió presuntamente delitos fiscales, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, comisiones, viajes pagados, tarjetas black y regalos a una de sus amantes, todo coincidiendo antes de la abdicación de Juan Carlos I en 2014, por lo que estaría cubierto por la inviolabilidad que establece la Constitución y por lo tanto, no tenía responsabilidad o bien por prescripción de delito.

Las supuestas irregularidades existieron y demuestran que la conducta del rey emérito no fue ejemplar, ni mucho menos. Fue suficiente con las dos regularizaciones fiscales, una primera en diciembre de 2020 de unos 700.000 euros y una segunda en febrero de 2021 de unos 4.400.000 euros, se describen los delitos pero se esgrime como atenuante que Juan Carlos abonó aunque con retraso esas cantidades. Me pregunto ¿hasta qué punto la Jefatura de Estado no tiene responsabilidad para cometer conductas impropias o delitos? La justicia no es igual para todos o por lo menos para el rey emérito. Me cuesta comprender que los delitos investigados todos estén cometidos en su período de inviolabilidad o estén prescritos. No entiendo que los supuestos fondos ocultos en el paraíso fiscal de Jersey o la donación de 100 millones de dólares en 2008 del rey de Arabia Saudí que ingresó en una cuenta suiza a nombre de una fundación creada en Panamá, sean conductas para ensalzar.

La mayoría de partidos políticos españoles de la derecha y el PSOE, dentro de la excusa de «respeto a la institución», prefieren aceptar la mayor pero no hacer nada. Todo esto es motivo de escándalo, de vergüenza ajena y también de aceptarlo con la mayor normalidad. Parece que ciertas personas están disculpadas de lo que hagan. El rey emérito está exonerado judicialmente y por muchos perdonado por gracia divina. Es lo mismo que Isabel Díaz Ayuso cuando reconoce que su hermano cobró una comisión por el contrato de material sanitario adjudicado en plena pandemia a una empresa de un amigo suyo, con la mayor normalidad. Parece, que las conductas impropias se han convertido en lo normal para cierta parte de la ciudadanía y para la justicia española.

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