El verbo “derogar” ha sido probablemente el más conjugado en los últimos meses en torno a la reforma laboral de 2012, al final se ha quedado en una reforma laboral reformada, pero no derogada. Los sindicatos UGT y CC.OO, junto a las patronales CEOE y Cepyme han ratificado este jueves la última propuesta del Gobierno sobre la reforma laboral, que se debía llegar a un acuerdo antes de fin de año. Este era el plazo acordado con la Unión Europea, con las exigencias comunitarias de reducir los índices de temporalidad que arrastra el mercado laboral español, tanto en el sector público como en el privado. España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en lo que a temporalidad se refiere, con un porcentaje de empleados temporales en España de casi el 26 %, casi 11 puntos superior a la media de Unión Europea. No solo tenemos mucha temporalidad en la construcción, la hostelería y el campo, sino que en el resto de sectores cada vez es más precario, con un auge de los contratos ultracortos que pretenden ahorrarse salario y cotización en los festivos, fines de semana y vacaciones.
El objetivo de la temporalidad es que las empresas contrataran de manera temporal en campañas recurrentes y estacionales, pero no en todo el año y en todos los sectores. Lo que incide en crear un precariedad que lastra y retrasa la independencia económica de los trabajadores y trabajadoras. Unos puestos de trabajo que al igual que se crean, se destruyen. Un sistema laboral que se basa en la cantidad de personas que pierden su trabajo diariamente, lo que supone la tendencia al alza de la temporalidad. Entre 2012 y 2020, el 91% de los contratos que se firmaron fueron de carácter temporal. Los trabajos temporales son los primeros que no se renuevan, con salarios más bajos y menos cotización. La altísima tasa de temporalidad española es una anomalía injustificable, que viene a solucionar la reforma laboral, que será aprobada el próximo martes, 28 de diciembre, en el penúltimo Consejo de Ministros del año.
Al final la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, no se derogará, simplemente se ha reformado, se ha cambiado para generalizar el uso del contrato indefinido y del fijo discontinuo para puestos de más de cinco meses al año. Mientras que los contratos por obra para trabajadores temporales serán como máximo de tres meses no encadenables y únicamente se limitan a dos situaciones: para sustituir a empleados de baja y por picos de demanda. La prevalencia del convenio sectorial sobre los de empresa y asimismo, el mecanismo RED (los nuevos ERTE) con el fin de evitar los despidos cuando las empresas necesiten ajustar plantillas. El coste de los despidos seguirá igual que ahora. Una derogación light de la reforma laboral del 2012, en la que todos han cedido, para conseguir un acuerdo.
Gobierno, sindicatos y patronal han alcanzado un acuerdo, lo llaman histórico para enmascarar lo que tuvo que ser una derogación. Se ha cumplido la promesa que el Ejecutivo había hecho a la Comisión Europea, en juego estaban los 12.000 millones de los fondos europeos. Una nueva reforma laboral que entrará en vigor en 2022 y que ha sido capaz de contentar tanto a sindicatos como a empresarios, que recupera en teoría derechos perdidos de los trabajadores, limita la subcontratación y poner coto a los contratos temporales. Los resultados de esta reforma laboral reformada, se verán muy pronto si realmente han merecido la pena…
Cuando uno escoge una opción política a la hora de votar, es casi siempre por una afinidad de ideas, pero sobre todo por la promesas del programa electoral. Cuando uno deposita su voto en las urnas lo haces con la ilusión de que la política sirva para cambiar y mejorar la sociedad. No se pretende cambiar todo, simplemente conseguir cambios para una generalidad de la población, en contra de la resistencia de una parte. Cuando se dice cambiar es cambiar, cuando se dice derogar es derogar, no modificar.
Cuando este Gobierno de coalición firmó un acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, se dijo que querían derogar la reforma laboral de 2012, algunos creímos que ese era el objetivo. Al igual que con la Ley Mordaza, límites a los alquileres, pensiones, Ley Electoral… Cuando vuelves a votar, analizas las promesas incumplidas y eso supone un cambio de voto o la abstención.
Un Gobierno debe cumplir sus promesas, no puede caer en la tautología, y no afrontar aquellos conflictos que deben resolverse, cuyo objetivo tiene que ser resolver pacífica y razonablemente los conflictos entre las personas y los grupos, que crean diferencias e injusticias. Lo votantes progresistas juzgarán lo que se haga y lo que quede por hacer, ahí estribará en seguir contando con el voto, perderlo o sumarlo a la abstención. La reforma laboral quizás ha conseguido mejoras, pero no las suficientes, porque sino nunca hubieran llegado a un acuerdo los sindicatos y la patronal. Modificar un ley no es derogarla, no cumplir las promesas es engañar…