Muchos españoles y españolas están convencidos y convencidas, de que el lugar de nacimiento debe determinar la «prioridad nacional» de los «españoles primero». España no puede ser racista. Aunque en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y probablemente en Andalucía sus votantes parecen dispuestos a que España sea racista.
PP y Vox han firmado el acuerdo de Gobierno en Aragón, antes del 23 de abril, Día de Aragón. Alcanzando el consenso antes del 3 de mayo, fecha tope para la investidura. Todo ello después de la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura y con el argumento de la «prioridad nacional».
La ultraderecha regresa ahora al Gobierno de Aragón con más poder institucional y mayor capacidad de condicionar la política aragonesa. Con un PP que ganó las elecciones del 8 de febrero, con menos votos y menos escaños. Donde Vox consigue tres de las nueve consejerías: Agricultura, Ganadería y Alimentación, Medio Ambiente y Turismo y Bienestar Social y Familia. Además, una vicepresidencia con competencias en Desregulación y la cesión del senador autonómico.
En definitiva, más poder para la extrema derecha, en tres consejerías vitales como Agricultura, Medio Ambiente y Familia. Donde impondrán sus exigencias en agricultura contra del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. En medio ambiente como ir en contra de la Ley de Cambio Climático y priorizar la gestión hídrica. Y, en familia: contrarios a aceptar la violencia de género y sus particulares conceptos sobre el feminismo o la diversidad.
España no puede ser racista, ni antifeminista, ni antiambientalista, ni antidemocrática, ni fascista. El Gobierno de Aragón tendrá una vicepresidencia de Desregulación, que sirva para «eliminar la normativa autonómica que sea redundante o innecesaria». Porque tampoco la ultraderecha quiere una España autonómica.
Y, por supuesto el Gobierno de Aragón tendrá esa «prioridad nacional» que es discriminatoria y racista. Que es la traducción institucional de “los españoles primero” con el que Vox ha construido su discurso y que el PP ha firmado. Que normaliza recortes de derechos en función del origen. En contra de la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno de España. Donde recoge explícitamente la negativa a acoger a menores extranjeros no acompañados.
Una ultraderecha reforzada que combina recortes fiscales, endurecimiento migratorio y políticas identitarias. En una España que no puede ser racista, ni fascista. Una España que está llena de personas ignorantes, que desconocen nuestro pasado y que no son capaces de reconocer, que la inmigración es parte fundamental para nuestro futuro.