La propiedad del escaño.

La decisión de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá de marcharse del PP y continuar con su escaño en el Senado dentro del grupo mixto en representación territorial de la Comunidad Valenciana, por ser investigada por el Tribunal Supremo por presunto blanqueo de capitales, plantea de nuevo el tema de la propiedad del escaño.

Rita Barberá es una tránsfuga, pero la Constitución dice que el escaño es propiedad del diputado o senador y no del partido. Lo cual es curioso porque en España existen listas cerradas y el elector sólo ha votado unas siglas, un programa pero nunca ha elegido en la papeleta del voto las personas que quiere votar, como pasa en otros países. El Tribunal Constitucional en una sentencia de 1983 ante el recurso de amparo de Cristina Almeida y otros diputados del PCE que renegaron de su partido y no quisieron abandonar su escaño. El Alto Tribunal les dio la razón argumentando que, una vez elegidos, no representan “a quienes les votaron, sino a todo el cuerpo electoral”·

Lo lógico sería que al abandonar el partido se dejara también el escaño y fuera el siguiente el que ostentará el escaño. Además, de que todos los «encausados por corrupción se vieran obligados a entregar el acta, aunque sea una medida que sería contraria con la presunción de inocencia de los implicados. Esto obligaría a una reforma de la Constitución, que establece que el escaño es personal y no del partido. Una forma de que los tránsfugas o imputados no se quedarán con el escaño en su beneficio y en contra del partido que los puso en la lista.

Este tema no reconoce colores políticos, pasa igual en el PSOE que en el PP o en otros partidos; en el Congreso, en el Senado o en un ayuntamiento. Lo fundamental es la falta de un vínculo directo entre el elector y el elegido, el vínculo es indirecto, a través de los partidos políticos. Deben su asiento al partido que les incluyó en una lista cerrada, pero cuando reciben el acta pueden hacer lo que quieran, lo cual es deprimente para los electores y enormemente perjudicial para la cultura democrática.

 

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