Los pensionistas han comenzado su propio 15-M, hoy sábado 17 de marzo, han recorrido más de un centenar de movilizaciones de pensionistas en las principales ciudades de España. Surgen mareas de protestas que se expresan con colores propios, que están dispuestos a luchar por sus derechos: el personal sanitario y los pacientes crearon una marea blanca que rodeó hospitales y centros de salud; profesores y alumnos pusieron en marcha una marea verde en defensa de la enseñanza pública y  cambiar el sistema educativo; la marea naranja denunció el desmantelamiento de la atención a la dependencia y la falta de servicios sociales. Comienza ahora la marea gris de los pensionistas, en defensa de «unas pensiones dignas» y de su revalorización conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Las mareas reivindicativas, quieren mejorar la sociedad en su conjunto, son mareas de resistencia al recorte de derechos sociales. Son un intento de dar voz a los que no la tienen, de luchar contra la desigualdad social, de defender nuestros derechos y de hacer pedagogía con la protesta.  Son, movimientos ciudadanos en defensa de los servicios públicos, con nuevas formas de expresión, que necesitan de la política pero a su vez desconfían de ella y de sus políticos. La marea gris es la de los pensionistas, la de esos hombres y mujeres que con sus pensiones han jugado un papel crucial en los peores momentos de la crisis económica, responsables de la relativa paz social y de ayudar a sus hijos a durante la crisis se debe en buena parte al amortiguador familiar de la pensión de los abuelos.

Pero los pensionistas también han sufrido en su propio bolsillo la crisis: primero, con los recortes de Zapatero y  la congelación de las pensiones de 2011; después el recorte de Rajoy que entró en vigor en 2014, en que la actualización anual de las pensiones se desvinculaba del IPC y se limitaba a una subida de sólo el 0,25% si la Seguridad Social registraba déficit, que ha sido real todos estos años. A partir de 2019, las nuevas pensiones se calcularán aplicando un elemento adicional a la fórmula actual, se trata del «factor de sostenibilidad».

El envejecimiento de la población unido al elevado nivel de desempleo ha provocado que la ‘hucha de las pensiones’ se haya ido vaciando en los últimos años, el factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste automático de ciertos parámetros de las pensiones vinculado a la esperanza de vida de la población, es decir, vivir más no será un privilegio sino una condena económica. Porque los jubilados no se habrán ganado en su vida laboral el derecho a retirarse con una jubilación digna, cobrarán menos porque la esperanza de vida será más grande. La mayor esperanza de vida disminuirá la cuantía mensual de nuestras pensiones. Viviremos más pero seremos más pobres.

Dicen que no hay recursos para subir la pensiones. Si no se pueden subir las pensiones no es porque no haya recursos, hay recursos para el rescate financiero de la banca (77.000 millones de euros),  el rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra (más de 1.000 millones de euros) y seguimos contando… Quieren cargarse el estado del bienestar como un derecho adquirido a la dignidad de los ciudadanos, la solución no es pagar menos porque tengas más esperanza de vida, sino establecer fórmulas en que se garantice el reparto solidario de la riqueza creada. Está en juego nuestras pensiones y de nuestros hijos: «Rajoy, escucha, estamos en la lucha».

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