La Constitución recopila las normas esenciales de un Estado, la Constitución garantiza el principio de legalidad, pone los límites a las acciones que dañan a otros. La legalidad es la única forma de lograr una convivencia pacífica y justa, entre todos los miembros de una sociedad. La legalidad se ha de cumplir, pero las leyes están para cambiarlas y la Constitución también debe cambiarse después de 39 años de vigencia.
La Constitución expresa el consenso democrático que tiene una nación para ordenarse a sí misma. El principal fruto político de la Transición fue la Constitución del 78. La Constitución nació de unas instituciones controladas por el régimen franquista, los antecedentes jurídicos y políticos de la Constitución del 78 son la Leyes Fundamentales del franquismo. La Constitución no nació de una ruptura sino del reformismo franquista de la UCD y del pacto con el resto de fuerzas políticas para asegurar una convivencia entre españoles.
Hay que valorar el marco de convivencia que nos ha proporcionado la Constitución en estos 39 años, ofreciendo el período de democracia, estabilidad y progreso más largo de nuestra historia, aunque cada día está más cuestionada y buena parte de la población ve como papel mojado sus 169 artículos. La voluntad de reformarla por parte del PP y de Mariano Rajoy es ninguna, mientras que el resto de partidos no llega a ningún consenso y las posturas enfrentadas y egoístas hacen casi imposible su reforma.
El «proces» catalán ha reabierto varios espacios de debate en torno a distintos conceptos, como independentistas y constitucionalistas. Hace 39 años apoyaron la Carta Magna, la entonces Convergència y hoy llamada PDeCAT, hoy defensores de la línea independentista. Y, los mal llamados constitucionalistas como el PP, que en su día, se llamaban Alianza Popular, promovieron activamente la abstención y parte de sus dirigentes se opusieron a la Constitución. Y, ahora se convierten en sus máximos defensores.
La Constitución no se cumple en muchos puntos que afectan a miles de ciudadanos: como la igualdad; el derecho al trabajo; el que ninguna confesión tenga carácter estatal; la libertad de expresión; el derecho a una vivienda digna; la garantía de unas pensiones dignas… Pero, donde realmente hay un conflicto importante es en el tratamiento de la cuestión nacional-territorial, especialmente con los independentistas catalanes y la unidad de España por encima de todo, incluso del propio diálogo institucional. La independencia catalana rompe con la convivencia, entra en conflicto con el sistema constitucional, denegando la legitimidad del Estado español y aspirando a constituir una legalidad propia en nombre de una República catalana.
Solo tenemos tres opciones: seguir recurriendo a la vía de la interpretación de la Constitución; hacer una reforma de la totalidad de la Constitución y otra, un nuevo pacto constituyente. Falta voluntad política para emprender cualquiera de estas tres opciones, mientras tanto, esperaremos las elecciones catalanas y sus resultados. Esperaremos la idea de una reforma constitucional para asegurarnos la convivencia en la actualidad. !Nos hace falta…¡