Vacaciones forzosas, exilio, expatriación o simplemente una huida estética, es lo que el rey emérito está haciendo como servicio a la Corona y por España, un destierro por unas supuestas irregularidades en su ejemplaridad. Como dice en el comunicado dirigido a su hijo Felipe VI: «Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España”. Algunos buenos españoles lo hacen todo por patriotismo, por España, aunque nos escandalice, nos indigne y no lo comprendamos el resto de españoles.
La vida privada de un rey emérito, sus aficiones y sus posibles infidelidades, no me interesan en absoluto, siempre que no se lucre con negocios y beneficios derivados de su puesto. No entiendo, que el rey como Jefe de Estado tenga inviolabilidad absoluta como dice el artículo 56.3 de la Constitución: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». No es entrar en la dicotomía: monarquía o república, lo que nos guste más o menos, tenemos que aceptar que España es una monarquía parlamentaria y que cambie o no, depende de un referéndum y de sus resultados. Pero, de momento, no podemos conformarnos, con la huida del rey emérito, con el silencio oficial, con el oscurantismo y tomándonos más por súbditos que por ciudadanos.
En esta huida estética de Juan Carlos I, donde sigue conservando el título honorífico de rey de España, formando parte de la familia real, viajando con pasaporte diplomático y sin renunciar a sus derechos dinásticos. Donde la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, dice que el rey emérito: no ha huido «de nada» porque «no está en ninguna causa inmerso». Y, donde el Presidente del Gobierno ha avalado la decisión de la Casa Real, defendiendo y manteniendo en secreto del paradero, justificando la actitud indigna de huir. “en la confidencialidad debida”.
El rey emérito, no es un ciudadano particular, es un miembro de la familia real, no es cuestión de su vida privada, ni de su posible seguridad, es cuestión de transparencia. El principio de inocencia, debe de ser igual para un rey que para cualquier ciudadano, mientras no sea juzgado es inocente. Pero, es hora de quitar prerrogativas, garantías y privilegios al rey y también a los políticos. Si todos somos iguales ante la Ley, no puede haber ni inviolabilidad, ni inmunidad, ni aforamiento para nadie. La huida de un rey es vergonzosa, aunque sea una costumbre en España, pero lo es mucho más, que no se le pueda juzgar. Nos acostumbramos a que se convierta en una noticia de prensa rosa, pero estamos hablando de algo que se llama dignidad y ejemplaridad, que debería tener el anterior Jefe del Estado con todos los ciudadanos españoles. Nadie ha echado al rey, ha sido él que ha huido…
En julio de 1969, el dictador Franco, designó como sucesor en la Jefatura del Estado, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón, negando a su padre Juan de Borbón y Battenberg como heredero legítimo de la dinastía histórica, ser rey. En 1973, Franco, renunció a su presidencia vitalicia, por edad y enfermedad. Con el propósito de asegurar la supervivencia del franquismo sin Franco, nombró como jefe de Gobierno a Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, fue asesinado por la organización terrorista ETA. La muerte de Carrero Blanco supuso la desaparición del único hombre que simbolizaba una cierta garantía de futuro para el Régimen. Carlos Arias Navarro, responsable del Ministerio de Gobernación fue elegido nuevo presidente y el encargado de tutelar la etapa final del franquismo. Franco muere tras una larga agonía, el 20 de noviembre de 1975. Juan Carlos de Borbón y Borbón, se convirtió en Rey de España bajo el nombre de Juan Carlos el 22 de noviembre de 1975 y ha permanecido durante 39 años.
Una monarquía impuesta por un dictador, en la que se le reconoce un papel fundamental en la transición de la dictadura a la democracia. Donde con la aprobación por referéndum, el 15 de diciembre de 1976, de la Ley de la Reforma Política, las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, el período constituyente para elaborar la Constitución Española de 1978, el referéndum del 6 de diciembre de 1978, en que se aprobó la Carta Magna, estableciendo la monarquía parlamentaria como sistema político. Después el golpe de estado el 23 de febrero de 1981, y el supuesto papel del monarca en el fracaso del golpe militar, todo esto significó un punto de inflexión en el proceso de transición y una consolidación de la democracia española y un refuerzo de la imagen del monarca dentro y fuera de España. Hasta que el 2 junio de 2014, anunció la abdicación en su hijo y convirtiéndose en rey emérito.
Fue el dictador Franco, el que durante casi 40 años, sometió a España a una dictadura militar y dentro de un régimen autoritario, decidió que la monarquía fuera la continuidad de su Régimen. Y, fuimos los españoles los que votamos una Constitución y una monarquía parlamentaria en tiempos convulsos y de escasa libertad democrática. Si la monarquía pudo ser una salida de esperanza y de libertad después de la Transición Española, ahora los españoles y españolas tenemos el derecho de poder escoger. No es enfrentar a las dos Españas, la monárquica y la republicana, es conocer la opinión en un referéndum del sistema político lo que desea la mayoría.