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Castilla y León será la primera región en Europa gobernada por la extrema derecha, una anomalía política que supone la normalización de la ultraderecha en el poder. El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para la formación de Gobierno en Castilla y León. El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha normalizado que la extrema derecha esté en el poder «sobre la base de un programa al servicio de las personas de Castilla y León» que según él, permitirá «un gobierno estable y sólido» y con «pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía«. Vox consigue todas las parcelas de poder que había solicitado, la vicepresidencia de la Junta para el candidato regional de Vox, Juan García-Gallardo, la presidencia de las Cortes y tres consejerías que están aún por definir.

El PP se convierte en el primer partido de la Unión Europea que incorpora a la extrema derecha a un gobierno. Vox tras haber logrado 13 escaños en las elecciones del 13-F, tenían muy claro que no iban a regalar los votos, sabiendo de su fuerza para que haya Gobierno en Castilla y León y por dicha razón exigieron tener el mismo trato que se dio a Ciudadanos en 2019. La ultraderecha podrá hacer realidad sus reivindicaciones más relevantes: derogar lo que ellos consideran “legislación de izquierdas”, como la ley regional contra la violencia de género y la normativa sobre memoria histórica vigente en la comunidad. En democracia, la legitimidad política la confieren los ciudadanos con sus votos y las instituciones que, a través de mayorías, tienen la capacidad de otorgar el poder en nombre de la ciudadanía. Ahora, es el momento con esta anomalía política, de comprobar lo que pretende conseguir la extrema derecha.

El discurso político siempre tiende a la dramatización y a la exageración y tiende a considerar inadmisible para los otros lo que para unos es normal. La legitimidad de un pacto entre Partido Popular y Vox no es discutible, pero todo tiene sus límites y, en esta ocasión, se han vulnerado. La normalización de la ultraderecha, es otorgar el poder a los que propagan el discurso del odio, atacan a las minorías, niegan la violencia machista, reivindican el centralismo, niegan el estado de las autonomías, son antieuropeistas, criminalizan y contradicen los principios democráticos básicos. Un pacto de legislatura vergonzoso, con un partido de «sentido común y de extrema necesidad» como se define Vox, que solo tiene antidemocratas, equidistantes, machistas, xenófobos, misóginos y homófobos.

Esta anomalía política tiene sus días contados o puede ser una realidad en otras elecciones autonómicas y municipales. Todo depende de la falsa moderación del Partido Popular y de que Alberto Núñez Feijóo convierta a la ultraderecha en su socio preferente o no. Vox tiene aspiraciones nacionales, incrementando su presión sobre el PP, lo que pondrá en aprietos a Feijóo, que hasta ahora se ha mostrado refractario a la extrema derecha, pero que puede necesitar el respaldo parlamentario de Vox para gobernar. Que tenga cuidado el PP de ser devorado por Vox, como lo ha sido Pablo Casado por su propio partido.

La entrada de la ultraderecha en las instituciones y en el gobierno, puede pasar de ser una anomalía a una realidad. La responsabilidad es de los partidos democráticos que sean capaces de desenmascarar los que tienen el odio y el desprecio a los derechos humanos como misión política y pretenden deslegitimar el sistema y el marco legal que entre todos nos hemos dado. De momento nos esperan acuerdos vergonzosos y cambios inadmisibles, que solo pretenden cargarse nuestra democracia, que solo es posible frenar con un cordón democrático que aisle a Vox.