La derecha, unida contra la amnistía y contra Sánchez, está apropiándose de facto del espacio público para manifestaciones colectivas de protesta. Convirtiendo la calle en un hervidero de actividad para la expresión pública y contestación social. El derecho a reunirse y a manifestarse es una dimensión de la libertad de expresión, que está estrechamente ligada con el ejercicio democrático de la ciudadanía. En las democracias representativas las elecciones no agotan la participación de los ciudadanos, ni excluyen otras formas de participación en los asuntos públicos. El manifestarse es un derecho para expresar públicamente las ideas y demandas de los ciudadanos. La extrema derecha se ha apropiado del espacio público con manifestaciones ilegales con violencia y también está la convocatoria legal del PP, a las que se ha sumado Vox, en las principales plazas de las 52 capitales de provincia de hoy domingo.
El expresidente Aznar llamó a «todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan actuar, actúen». El PP quiere el espacio público para defender la igualdad y protestar contra la amnistía, defender el Estado de derecho y garantizar la igualdad de los españoles. Pero, también el PP quiere conquistar la calle ante la impotencia de la investidura de Pedro Sánchez. Durante años el espacio público, durante el franquismo y la transición, fue de la izquierda, donde pagaron con sangre y con represión el valor de sus ideas. Todo ante una pertenencia de las calles por parte del Estado, siempre se recuerda aquella frase del vicepresidente y ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne en el gobierno de Carlos Arias Navarro en 1976 cuando dijo: «la calle es mía«, prohibiendo todo tipo de manifestación y con la mayor represión policial.
Más recientemente el movimiento del 15-M, fue el que a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por diversos colectivos, se decidieron numerosos grupos de personas a acampar en plazas de diferentes ciudades de España. La respuesta en esos momentos del PP fue que desalojaran las plazas y desde el respeto a esas manifestaciones confiaran en la democracia representativa. Cuando se pierde el valor de las instituciones, de los valores y los límites de la actuación política, la calle adquiere el protagonismo y se convierte en la última solución. El derecho a la protesta social es un derecho fundamental, reconocido y protegido legal y constitucionalmente. (Art 37 de la Constitución) Pero, malo es que la política se haga en la calle y no en las instituciones. El PP no ha aceptado que aún ganando las elecciones, no puede gobernar. Y, avisan de que seguirán dando la batalla tanto en la calle, como en la justicia, como en la Unión Europea contra la ley de amnistía. Pero, que no se olviden que las elecciones se ganan en las urnas, en las calles solo conseguirán más crispación, odio y violencia callejera.