Como señaló Aristóteles, la justicia es el principio que tiene que ver con aquellas acciones que afectan a los otros; pero el uso de la justicia no debería ser una excusa para desear el mal ajeno, ni a los supuestos culpables, ni a las víctimas, ni a ningún otro implicado. La concepción de justicia, es darle a cada cual lo que le corresponde, respetando los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. Por eso no se debería usar la justicia con prácticas injustas, ni prejuicios, ni discriminación.
Todo comenzó el 1 de octubre de 2017, cuando Catalunya celebró un referéndum de autodeterminación no legalizado por el Gobierno de España. Y, el Parlamento catalán declara unilateralmente su independencia el 27 de octubre de 2017. Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, decidió abandonar España para buscar refugio en Bruselas. porque podía ser procesado por»rebelión, sedición, apropiación indebida de fondos públicos y desobediencia a la autoridad». Puigdemont solicitó asilo político a Bélgica, apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) , consiguió junto con Toni Comín ser eurodiputado de la Eurocámara. Y, por lo tanto gozar de las mismas prerrogativas que el resto de eurodiputados: la libertad de movimiento de los diputados y la inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial, que no sea en caso de «flagrante delito». Para algunos, Carles Puigdemont debería ser juzgado por sus supuestos delitos en España, para otros se debería respetar su cargo de eurodiputado. Porque Puigdemont es un fugitivo de la justicia española, pero una persona libre en el resto de Europa.
Este viernes un juez del Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) ha dictado la puesta en libertad de Carles Puigdemont, después de tomarle declaración tras ser detenido el jueves, al llegar a la isla de Cerdeña para asistir a un encuentro cultural. Quedando a la espera de que la justicia italiana decida sobre la validez de la euroorden dictada sobre él. Puigdemont ha sido detenido al menos seis veces en distintos puntos de Europa y siempre ha sido puesto en libertad. El Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Puigdemont en marzo de 2021, atendiendo la petición de la justicia española, pero el expresident recurrió esa decisión a la justicia europea, que todavía no ha resuelto, porque los jueces europeos dijeron que no existía riesgo de que fuera detenido en aplicación de la euroorden cursada por el Tribunal Supremo español.
El uso de la justicia debería ser algo totalmente respetable y fuera de partidismos políticos. Por los errores o la falta de aciertos de la justicia española, Puigdemont es un fugitivo, pero una persona libre en el resto de Europa, mientras la justicia europea no diga lo contrario. No se puede emplear la detención de Puigdemont para desear el mal ajeno: con el fin del gobierno de coalición, la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y Catalunya. Porque una cosa es pedir justicia sobre Puigdemont y otra que utilicen tanto la oposición nacionalista española como la independentista catalana, para fomentar de nuevo el conflicto y alejar una posible convivencia. El uso político de la justicia y de su utilización partidista, nos hace olvidar que hay que defender siempre los criterios de los jueces, si queremos una verdadera división de poderes.
No entiendo que la detención de Puigdemont y la posible extradición a España sea un tema tan importante, es simplemente un tema judicial, que supongo el tiempo, pondrá en su lugar. Toda persona acusada de delito tiene derecho a su presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. La culpabilidad de Puigdemont no es un tema político, es simplemente judicial.
La detención de Puigdemont y su posible sentencia no es el bálsamo de Fierabrás, que como una poción mágica es capaz de curar todos los problemas de España y Catalunya. Si algún día lo juzgan, el Gobierno de España le puede otorgar el indulto, como a sus compañeros independentistas, y no pasaría nada. La detención de Puigdemont no puede ser el motivo para que Pere Aragonés, el President de la Generalitat, abandone todas sus funciones para viajar a Cerdeña. Ni para que la oposición española culpabilice al Gobierno de España de no conseguir su extradición, Ni por supuesto para despertar a la caverna mediática, ni para que el independentismo catalán ponga palos en la ruedas de un difícil acuerdo.