Después de 14 millones de infecciones y 122.000 muertes, el Gobierno español ha dado el fin oficial a la pandemia del Covid-19, tres años después de su comienzo y de las medidas extraordinarias acordadas para abordar esa situación de emergencia. Los españoles ya no tendremos que llevar mascarilla en las calles, en el transporte público, en los centros sanitarios y asistenciales, ni tampoco en las farmacias. Después de 14 millones de infecciones y 122.000 muertes por coronavirus desde 2020 en España y unos 14,9 millones de personas fallecidas en el mundo es hora de hacer reflexiones y la necesidad de auditorías oficiales sobre la compra de material Covid. En definitiva, se ha demostrado que, a pesar de las circunstancias adversas, los profesionales sanitarios han sido capaces de organizarse y adaptarse con resiliencia para poder atender una emergencia. Ahora, es el momento de empezar a prepararnos para retornar los hospitales a la normalidad, tener el personal y los equipamientos suficientes para atender otras catástrofes en el futuro.
Es hora de evaluar el costo global de la pérdida de vidas por la pandemia, de los presuntos casos de enriquecimiento ilícito por intermediar en la compra de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. Valorar en las acciones que se ha fallado con el objetivo de reducir el impacto de la pandemia en el sistema sanitario español. La necesidad de coordinar mejor los sistemas de datos dentro de las comunidades autónomas, tener un mejor desarrollo de sistemas, incluido el registro de muertes y de infecciones. Averiguar en qué se ha fallado al tratarse de una enfermedad nueva, la permanente actualización de protocolos asistenciales, la falta de fármacos y de material de prevención imprescindible para la seguridad del personal asistencial, el elevado uso y las compras poco racionales de material y vacunas.
Hemos de saber si ha habido enriquecimiento en la adquisición de equipamiento sanitario, principalmente respiradores, de mascarillas y de vacunas, ante la escasez de producción y la gran demanda mundial. Ayuntamientos, comunidades autónomas, Estados, todos deben ser conscientes de ante tanta excepcionalidad existe el deber de auditar con el marco normativo que utilizábamos antes del confinamiento. Porque corremos el riesgo de que con la urgencia se haya perdido el análisis de detalle y de control, lo que puede ser un nicho de corrupción y de enriquecimiento ilícito en la Función Pública y privada.
Una crisis sanitaria que ha paralizado la actividad, que ha provocado una crisis económica descomunal y un supuesto enriquecimiento de muchas personas en la compra o intermediación de material para la pandemia. Se ha acabado el supuesto riesgo sanitario, ahora con el fin oficial de la pandemia y después de una fase de incredulidad y de negación, de ira, de dolor, viene el momento de análisis y del control como reto y requisito para asegurar que se ha hecho el uso correcto de los fondos del Estado y que no ha habido enriquecimiento personal por parte de nadie y si lo ha habido que la Justicia lo repare. Se hace solo lo que se controla y por desgracia la urgencia ha prevalecido sobre lo importante.