El desahucio vulnera nuestros derechos.

El desahucio, es el acto de expulsar al que ocupa, o tiene arrendada una casa, local o un terreno, es una violación de un derecho que tenemos como personas, el derecho a la vivienda.Tanto el artículo 47 de la Constitución Española, como el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una vivienda, pero eso nadie hace que se cumpla. De momento muchas personas son desalojadas de sus viviendas, por no poder hacer frente a los pagos.

Cuando alguien decide comprarse una vivienda, puede ser que sea víctima de un engaño de la entidad bancaria, que el importe de la vivienda sea excesivo para la cantidad que pueda pagar mensualmente o incluso que pierda su trabajo y no pueda hacer frente a sus pagos. Pero, cuando una persona vive en alquiler, puede ser que haya decidido libremente por esta opción, pero lo que también es posible es que no tenga recursos para hipotecarse por una vivienda. Cuando llega un desahucio a una persona que vive en alquiler, estamos vulnerando su derecho a la vivienda, pero también la estamos arrojando a una calle sin salida, donde el suicidio es la única forma que encuentra.

Se llamaba Alicia M. V., de 65 años y por si es para alguien es importante este dato, era de nacionalidad española, supo de la inminente entrada para ejecutar el desahucio de su estudio de unos 30 metros cuadrados por el que pagaba un alquiler de 500 euros, corrió al balcón y se precipitó al vacío. En los seis primeros meses de 2018, fueron desahuciadas de su vivienda 466 familias al mes, es decir 15 al día, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y que todos nosotros estamos expuestos a ello.

En el caso de los desahucios por impago de un alquiler, es más rápido porque el arrendatario no tiene más opción que demostrar si ha pagado o no, por lo tanto están más desprotegidos. La culpa la tienen la subida de precios por la burbuja del alquiler: de particulares, de fondos buitre y de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). La subida de los alquileres está ahogando a esas clases empobrecidas por la crisis económica, que no se pueden comprar una vivienda y que tampoco pueden hacer frente al aumento inasumible de la rentas y la no renovación de los contratos.

La burbuja de los alquileres provocará otra crisis económica, entre los más necesitados, mientras no se regulen los precios de los alquileres, se estarán vulnerando sus derechos. No se puede permitir la compra a precio de saldo de edificios con inquilinos para su posterior subida de precios, no se puede expulsar a los inquilinos del centro de las ciudades para convertirlos en pisos turísticos. El derecho a la vivienda debe comenzar con los más necesitados y con su situación socioeconómica, hace falta aumentar la vivienda social y el parque público de viviendas, la seguridad económica de los propietarios y respetar el derecho a la vivienda, para todo el mundo.

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