El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha ofrecido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el fin del bloqueo político: renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, al margen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde el PP insiste en exigir un cambio de la ley, con su exigencia de que los jueces elijan a la mayoría de vocales. En apenas 24 horas el acuerdo, parcial, se ha hecho posible. ¿Ha cambiado la estrategia del Partido Popular o es una trampa? El fin del bloqueo político supone la renovación de órganos constitucionales que estaban pendientes de renovación desde hace meses o años que requieren de mayorías parlamentarias cualificadas que no alcanzan los grupos que apoyan al nuevo Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos. El PP, con sus 88 diputados, tenía la clave para los nombramientos pendientes. Pero, sin querer solucionar el retraso del Consejo General del Poder Judicial con sus 20 miembros «caducados» desde diciembre de 2018. El PSOE se ha dado toda la prisa del mundo para aceptar el ofrecimiento de Pablo Casado y han llegado a un acuerdo que parece más un triunfo del PP, que un bloqueo forzado durante este tiempo por ellos.

Hay que recordar que el Partido Popular ha estado incumpliendo la Constitución, en un aspecto de extraordinaria importancia como es “la renovación en plazo de los órganos constitucionales que constituyen nuestro ordenamiento constitucional. No es un favor que hace el PP, es una obligación que ha incumplido hasta ahora. El bloqueo político del PP, por no ser capaces de llegar a un acuerdo, daña la imagen de los órganos cuya renovación se ha encontrado paralizada, pero también de la democracia. El Partido Popular quiere hacer ver que el problema no va con ellos, que es el PSOE, el que no acepta la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero, son excusas del PP, primero negó la participación a Unidas Podemos, después vetó a determinadas personas, la tramitación del indulto a los condenados por el «procés» y luego la pretensión de reforma del nombramiento de los vocales judiciales por los miembros de la judicatura. Para cumplir con el mandato constitucional del Artículo 122 de la Constitución, que señala que hay que renovarlo cada cinco años.

Durante estos años se ha permitido dicha situación de interinidad y el consiguiente daño a la imagen de la Justicia, debilitando así el funcionamiento institucional de nuestra democracia y el normal funcionamiento del Estado de Derecho. El PP no ha hecho un favor, levantado su bloqueo político, ha engañado al PSOE para que no se note su fraude institucional y de paso nos quieren engañar a todos de sus obligaciones constitucionales y democráticas. Lo primero, debería ser la renovación del CGPJ, y después concretar el sistema de elección de los vocales judiciales, que según el PP, va contra la independencia judicial y la separación de poderes. Veremos el rédito electoral que supone al Partido Popular, el final del bloqueo político.

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