Una devolución en caliente es la expulsión de forma inmediata de los inmigrantes por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin que se les haya aplicado ninguna garantía ni protección. Los migrantes tienen siempre el derecho de alegar ante una autoridad su necesidad de protección, si se consideran en una situación de vulnerabilidad y piden protección conforme a las leyes internacionales y a los convenios de Derechos Humanos. Las pautas que deben seguirse en todo proceso de devolución de un migrante que llega de forma irregular a España es la identificación individualizada de la persona en cuestión, procedimiento administrativo y asistencia de un letrado.
El PP propone modificar la ley de extranjería e introduce una nueva figura jurídica solo aplicable en Ceuta y Melilla: el rechazo en la misma frontera. El texto de la enmienda al proyecto de ley de seguridad ciudadana señala que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».Supondrá en la práctica la legalización de las llamadas devoluciones en caliente.
La legislación es taxativa cuando establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a extranjeros tendrán que conducirlos “con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución”.
Estamos hablando de negar Derechos,algunos de ellos Derechos Humanos esenciales,cambiar la ley para legitimar estas prácticas, posiblemente es anticonstitucional.Además de estar prohibidas por el Protocolo Cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos y contrarias a la Convención de Ginebra.
Según el contenido de la Directiva 2008/115/CE, existen una serie de principios que deben ser respetados en todo caso por el legislador español, tanto en la devolución legal como en la devolución en caliente. Devolver a personas sin procedimientos, ni garantías, negar a las personas el derecho a solicitar asilo sin examinar su solicitud,sin comprobar si pueden sufrir persecución, las expone a graves peligros para su integridad personal.
Hasta 70 colectivos sociales han firmado una declaración en la que exigen el fin de las devoluciones sumarias y el respeto a la legislación nacional,europea e internacional en la que afirman: “que de nada servirán políticas que sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de los que buscan en Europa las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son víctimas de persecución”. Debe exigirse tanto a España como a Marruecos el máximo respeto de los Derechos Humanos de las personas devueltas.