Podemos hacernos la pregunta de qué debe prevalecer primero la democracia o el respeto a la Ley, lo que nos debe de quedar claro es que puede haber leyes sin democracia pero que no existe ninguna democracia sin leyes. No hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal y como son percibidas por cada uno de nosotros. «El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son» (Protágoras).
Si la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo y que mediante el sufragio elige a sus dirigentes. Y, la ley posee un significado único: es el ordenamiento de la razón dirigida al Bien común y en sentido estricto y formal, es la norma jurídica escrita que emana del poder legislativo.
Hemos de afirmar que las leyes en democracia proceden del poder legislativo, que se ocupa tanto de proponer, estudiar, discutir, votar y aprobar o rechazar las iniciativas de Ley que presente el propio Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y hasta cierto punto la ciudadanía. La ley que en España garantiza y enmarca el ejercicio de la libertad es la Constitución Española de 1.978, aprobada por la inmensa mayoría de los españoles. Por lo tanto, es la norma suprema del ordenamiento jurídico en España, y a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España.
¿Pero, no se puede cambiar la Constitución? ¿Qué tiene de malo hacer una nueva Constitución, sobre la base del consenso, el diálogo, la participación y la democracia? No podemos decir como excusa para no cambiar, que esta Constitución nos ha dado estabilidad y no es conveniente introducir incertidumbre. Hay que cumplir y hacer cumplir las reglas de juego pero también por encima de los intereses o conveniencias personales y de verdades que en el pasado se consideraban inamovibles, generar las condiciones, para el cambio y la profundización de la democracia.