Hace año y medio, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo, un informe sobre los abusos de la Iglesia Católica a través de una proposición de ley, que salió adelante con el único voto negativo de Vox, un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Ayer viernes, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos” de una exhaustiva investigación que concluye que al menos 440.000 personas han sufrido agresiones en el seno de la institución religiosa. Abusos en la Iglesia Católica que «no es cierto que todos lo sabían, pero tampoco es verdad que nadie lo supiera», «que ha supuesto un sentimiento de soledad y de victimización causada por la respuesta de la Iglesia, la sociedad y la Justicia«, como afirmó el Defensor del Pueblo.
Este es el primer informe oficial sobre la pederastia en la Iglesia española que nos habla de unas cifras que son una estimación de un número de víctimas, porque existe un número de víctimas que no han denunciado abusos y que ha preferido guardar silencio. Y, otras que han desaparecido como consecuencia del paso del tiempo. El documento propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas y que una ley determine que estos delitos sexuales no prescriban. Lo que está claro es que ha existido siempre una ocultación de pruebas y una falta de colaboración, aparte de la falta de reconocimiento y de perdón a las víctimas. Un encubrimiento de la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática a todos esos religiosos que hicieron delitos sexuales a menores. Donde la Iglesia Católica siempre ha optado por ocultar los hechos, en primer lugar por los agresores y siempre intentando buscar soluciones dentro de la Iglesia y huyendo de las denuncias a las autoridades civiles y a la Justicia. Olvidando siempre a sus víctimas.
El común denominador de los abusos en la Iglesia Católica, es el despotismo está compuesto por hechos que de ningún modo traslucen a la justicia ordinaria, ni hay reparación del daño. Donde el silencio de obispos y cardenales encubre y protege a los sacerdotes delincuentes, dando siempre preeminencia al pecado sobre el delito. Son innumerables las denuncias relativas a delitos de pederastia cometidos por miembros del clero en seminarios sacerdotales, escuelas, parroquias, orfanatos, hospitales y organizaciones de trabajo social que estaban bajo el cuidado del clero. La Iglesia Católica siempre ha negado que se trate de una práctica generalizada y mantiene que se trata de casos aislados sobre los que actúa con firmeza cuando existe una denuncia. Pero, la realidad es que factores como el celibato y el voto sacerdotal de castidad puede vincularse a la pedofilia o derivar en una sexualidad anormal por parte de los religiosos. Por eso, son tan necesarios los controles dentro de la Iglesia y que la propia Iglesia busque soluciones para apartar a dichas personas de los niños. Y, sobre todo buscar castigos en la Justicia, porque unos abusos no se pueden perdonar con diez avemarías como penitencia y el silencio de las víctimas. Es hora que el “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos” sirva para que la Iglesia Católica reflexione, pida perdón, indemnice a sus víctimas y castigue a los pederastas.