Cuando hablamos de Justicia, pensamos en un concepto abstracto muy cerca de la utopía. Hablar de justicia: es lo que es justo y además tiene que ser equitativa, respetuosa y mantener una integridad. Para eso tiene que ser independiente y solo puede serlo con la separación de poderes del Estado, como ya lo definió Montesquieu en el siglo XVII. Concretamente en tres partes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Poder Legislativo es el encargado de hacer las leyes por las que se va a regir el Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo es quien gobierna el país de acuerdo con las leyes vigentes y el Poder Judicial es quien se encarga de que todo el mundo respete las leyes. Así de sencillo, funciona una democracia, cada Poder debe ser totalmente independiente y las decisiones de un Poder no se pueden invalidar, anular o modificar por otro Poder del Estado.
El Gobierno y el Partido Popular han pactado, hoy lunes, el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces contará con mayoría progresista, teniendo 11 magistrados y juristas próximos al PSOE y Podemos, y 10 conservadores próximos al Partido Popular, incluído el presidente. Es decir, el máximo órgano de gobierno de los jueces está en manos de los partidos políticos. En España, la separación de poderes se supone que existe. Pero es cuestionable la independencia del poder judicial. Es paradójico, que los jueces lleguen por oposición a su puesto y después son escogidos por dedocracia por los políticos, para componer los tribunales más importantes y que dictan las últimas sentencias.
Si analizamos, por un momento, la separación de poderes que existe en España, resulta que en las elecciones al Congreso de Diputados votamos unas listas cerradas, en las que los votos llegan al partido y no a unas personas en particular. Se escoge un Poder Legislativo (Congreso), que vota a un Presidente, que con anterioridad ha escogido a las personas que forman parte de esas listas cerradas, que forma el Poder Ejecutivo (Gobierno) y después los jueces llegan al Supremo con el apoyo de los partidos políticos. Es decir, la política manda sobre la justicia, eso genera desconfianza en la independencia judicial y descontento en la sociedad. No es que la ideología personal condicione la labor jurídica de los jueces, sino que los partidos con su elección interfieran en la independencia de la Justicia…