La diferencia entre la responsabilidad jurídica, que implica transgredir disposiciones legales que puede resultar en condenas de tipo judicial, y la responsabilidad política, que aunque no supone necesariamente una sanción de tipo jurídico sí supone una sanción moral y política que debería acompañarse de una dimisión o de un cese. La calidad de la democracia se valora por el grado en que los gobernantes son responsables ante los ciudadanos por todo lo que hagan o dejen de hacer en el ejercicio de su cargo.

La política hay que entenderla como un servicio público temporal que se presta por vocación, por ideología y por ganas de colaborar e incluso por cambiar lo que no nos gusta. Pero, hay que saber dimitir, abandonar el puesto, dejar la política y volver a tu profesión. Porque dimitir no significa reconocer que hay fundamento para la imputación, significa ser honesto con los que te han votado, mostrando la mayor ejemplaridad y transparencia. En la política no puede valer el argumento de presunción de inocencia y negarse a dimitir mientras no haya sentencia firme.

En unos momentos de desorientación ideológica y desubicación política, los políticos deben asumir con normalidad el hecho de dimitir, porque lo que no es lógico es tener políticos imputados que nos representan. Porque además de la Justicia, nosotros y nuestro voto es el que tiene que elegir aquellas partidos que no tengan en sus listas políticos con sospechas de prácticas ilícitas.

Hay que articular mecanismos que permitan controlar eficazmente a nuestros gobernantes, la única solución a la corrupción es la transparencia, conocer en qué y con quién se gastan nuestros impuestos; un marco legal internacional, que en esta economía globalizada, sirva para un control de la corrupción y que la sociedad civil sea activa y posea una cultura de participación. .

No basta con exigir responsabilidad penal y civil cuando despilfarren el dinero público a los gestores públicos, porque los jueces no son los únicos capaces de establecer responsabilidades, los partidos políticos tienen una inoperancia en los controles a sus miembros y no ejercen su poder para obligarles a dimitir por su responsabilidad política, dejando a posteriori a los jueces que determinen su responsabilidad o no.

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