La vivienda es una necesidad básica, que crea una brecha entre ese grupo, bendecido por el capitalismo, que son los propietarios y los inquilinos, en el otro extremo del espectro económico, lo que crea una desigualdad cada vez mayor. Hay propietarios de viviendas cuyo principal patrimonio es su vivienda habitual, otros que utilizan la vivienda para generar ingresos adicionales, como inversión o simplemente para alquiler. Son los que forman el grueso de la clase media y media alta. Y, están los grandes propietarios que son aquellas personas o empresas que tienen en propiedad 5 o más viviendas, que su único objetivo es la especulación y el negocio. Si la diferencia entre trabajador y propietario es quizás la más antigua de la desigualdad de riqueza, la otra es la de inquilino y propietario.
El abismo entre propietarios e inquilinos y el precio de la vivienda lo hace cada vez mayor, y cada vez es más difícil para los inquilinos convertirse en propietarios, incluso conseguir una vivienda para poder vivir. Los elevados gastos de alquiler y de compra restringen la renta de las familias. Y, por consiguiente, su capacidad de compra, lo que perjudica al resto de sectores económicos. Pero, como la vivienda es una necesidad básica, eso favorece al sector inmobiliario, detrás del cual están los bancos y los fondos buitre. Y, también los propietarios, que alquilando sus viviendas logran un complemento económico imprescindible que les permite aumentar la desigualdad económica entre caseros e inquilinos.
La subida de precios en la compra y en el alquiler, acometida en los últimos años, ha convertido a la población inquilina en más pobre y por consiguiente a los propietarios en más ricos. En España, actualmente, el parque de viviendas en alquiler se ha reducido: menor construcción de viviendas, falta de viviendas sociales, viviendas cerradas, aumento de pisos turísticos… Esto hace que, a menor oferta y mayor demanda, los precios experimenten la subida actual. A lo que se añade, que los jóvenes no se emancipan porque no tienen ni el trabajo, ni los recursos suficientes para ello, la dificultad de acceso a la vivienda es cada vez mayor, lo que supone que al no poder comprar aumentan la demanda de los arrendamientos.
La España de los años treinta, cuarenta o cincuenta no era aún un país de propietarios, sino una sociedad de inquilinos: hasta los sesenta en que el franquismo quiso una España de propietarios. Se desincentivó los alquileres y se subvencionó a las constructoras para hacer nuevas viviendas, lo que consiguió hacer una sociedad de propietarios y conseguir que sus miembros fueran más conservadores y buscar la protección de su patrimonio. La economía española comenzó a basarse en el ladrillo y en el turismo. Llegó la proliferación de segundas viviendas, muchas como inversión, como negocio.
Llegó la burbuja inmobiliaria en 1997, duró hasta 2007 cuando la vivienda alcanzó su pico de precios, entonces estalló la crisis inmobiliaria española del 2008 al 2013 provocando una crisis económica, social e institucional en España. Después la pandemia… Las nuevas generaciones de españoles tienen el alquiler como único recurso, con unos precios imposibles. Donde ha faltado la voluntad política, tanto del PP como del PSOE, en construir viviendas sociales, una escasa política de vivienda y los altos tipos de interés. El resultado es que el inquilino se ha convertido en el paria de esta sociedad.
La Casa Orsola es un edificio modernista del Eixample de Barcelona, situada en el cruce de la calle Consell de Cent con la calle Calàbria, que se ha convertido desde 2021 en el epicentro de una de las principales luchas de inquilinos. Donde se ha demostrado que el problema del alquiler es para todos, como el caso de Josep Torrent, un profesor de 49 años que llevaba 22 años viviendo en la Casa Orsola, que se enfrentaba a la pérdida de su hogar tras la expiración de su contrato. La causa del desahucio estaba vinculada a la compra del inmueble por parte de la empresa Lioness Inversiones, que había elevado drásticamente los precios de los alquileres.
Gracias a la presión vecinal, el apoyo de organizaciones sociales, políticas y culturales, destacando la importancia del «Sindicat de llogateres i llogaters», consiguiendo detener las órdenes judiciales y la especulación inmobiliaria, consiguiendo que el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad Hábitat 3, dedicada a la gestión de vivienda social en Catalunya, hayan llegado a un acuerdo para comprar la Casa Orsola y que sea gestionada como “vivienda social y asequible”, parando todos los desahucios. En la pugna entre propietarios e inquilinos la voluntad política es imprescindible.
La derecha sigue criminalizando a los inquilinos para proteger a los propietarios, cuando se emplean términos como inquiokupa que es una mezcla de las palabras «inquilino» y «okupa», por el riesgo de dejar de pagar las cuotas y el problema del desalojo para los propietarios. Donde se buscan los desalojos rápidos de unos supuestos inquilinos morosos, que son el resultado del abuso en los precios del alquiler y la falta de vivienda social. La vivienda es un derecho…