Un derecho constitucional: la vivienda.

Un derecho constitucional es la vivienda y lo hace concretamente en su artículo 47  del siguiente modo: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Pero, el derecho constitucional a la vivienda no permite que los principios rectores de la política social y económica sean considerados como derechos «per se», sino que hace falta regularlo con futuras leyes, como puede ser la Ley de la Vivienda.

La vivienda en España se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho humano. Desde la Ley de la Vivienda protegida de 1939 se expone claramente la voluntad de promocionar la posesión de vivienda en propiedad, el ideólogo falangista José Luis Arrese, fue autor de la consigna: “No queremos una España de proletarios sino de propietarios”. El fuerte movimiento migratorio, el desarrollo de la industria en Catalunya, Euskadi y Madrid significó que había un déficit de viviendas en las grandes urbes, comenzó la etapa del desarrollismo entre los años 1960 y 1974 con una expansión en la construcción de nuevas viviendas de iniciativa privada. Se construyeron municipios con barrios obreros periféricos y de propiedad con condiciones de hacinamiento. España convirtió la vivienda en una inversión para pequeños propietarios y el alquiler pasó a ser residual.

Creció la demanda de casas, los precios aumentan todavía más. Para satisfacer esa demanda, las promotoras generan más oferta construyendo más pisos. La burbuja inmobiliaria en España más importante comenzó en 1997 y duró hasta 2007 cuando la vivienda alcanzó su pico de precios, entonces estalló la crisis inmobiliaria española 2008-2013 provocando grandes problemas sociales como el aumento de desahucios y de las dificultades económicas de la población. Después el turismo hizo que existieran las viviendas turísticas, sobre todo en las zonas de costa, y movido por el turismo de sol y playa, después llegó a las grandes ciudades y después llegaron los «Airbnb», cumpliendo una doble función: la primera es dar alojamiento a personas que están buscando un sitio donde quedarse en algún país del mundo y la segunda dar visibilidad a aquellas personas que quieren alquilar su casa porque tienen un hueco libre o el alojamiento entero. Aumentando la rentabilidad de los alquileres convencionales.

Actualmente existe una creciente demanda de vivienda, especialmente en áreas urbanas, al tiempo que la oferta de vivienda no ha podido mantenerse al ritmo de esa demanda, lo que ha llevado a un aumento de los precios y de las dificultades en la accesibilidad, particularmente para los jóvenes y las familias con bajos ingresos. En relación al mercado del alquiler, es necesario asegurar la protección a los inquilinos y los derechos del propietario, mediante la creación de un entorno regulatorio estable y predecible, apostando por viviendas sociales de alquiler.

De acuerdo con las proyecciones del INE respecto de la evolución de la población española y la creación de hogares, la población española pasará de  47,4 millones de habitantes en 2022 a 51,7 en 2037 (43,7 millones en 2039 y 54,6 en el año 2074). Al mismo tiempo que el número de hogares pasaría 18,5 millones de hogares del año 2022 a 21,7 millones en 2037. Lo cual implica un desajuste entre oferta y demanda, aunque otro tema son los pisos cerrados.

Entre los principales objetivos de la nueva ley de la vivienda están la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, el aumento del parque de viviendas en alquiler social y la promoción de la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Pero, falta la voluntad política de crear vivienda en alquiler, vivienda social, bajar los alquileres y eso sin hablar de los pisos de compra y las hipotecas, para que realmente sea un derecho constitucional.

 

 

Deja una respuesta