Sellado el acuerdo con el PP hace unos meses para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, comienza una normalidad institucional, que ha acabado con cinco años de bloqueo de esa institución y con la elección de la jueza del Tribunal Supremo Isabel Perelló que será la próxima presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una institución que ha sido muy politizada y que muchas veces se ha querido atacar, olvidando la profesionalidad de la inmensa mayoría de los jueces y fiscales, que son perfectamente capaces de actuar con neutralidad e independencia.
Normalidad institucional con la implantación en Catalunya del artículo 155 de la Constitución Española, el 27 de octubre tras la proclamación de independencia en el Parlament, especificando en su acuerdo que la intervención estaría vigente hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat del Govern de Quim Torra el 2 de junio de 2018. Más de 7 meses transcurridos, donde los independentistas los calificaron como los más negros y tristes de la historia de la democracia, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy reivindicó que había servido para devolver la normalidad y la estabilidad.
Normalidad institucional después de las elecciones del 23-J de 2023, cuando el PSOE no ganó las elecciones, pero fue capaz con un total de 179 votos en el Congreso de los Diputados de los 176 necesarios gracias al respaldo del “bloque de investidura”, una heterogénea relación de izquierda, nacionalistas e independentistas formó un gobierno totalmente legal y democrático.
Normalidad institucional cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy, que destacó por ser la primera de toda la democracia española en prosperar. La primera vez que un presidente de un Gobierno de España abandonaba el cargo contra su voluntad sin mediar una petición del rey, un golpe de Estado o una convocatoria electoral.
Normalidad institucional con Catalunya, después de la aprobación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso el 30 de mayo de 2024, teniendo los jueces que estudiar los casos de los potenciales beneficiarios. Normalidad institucional en que se puedan reunir el Jefe del Estado y el President de la Generalitat.
España no se rompe le pase a quien le pese. Quizás falta una normalidad institucional entre los partidos políticos, que no son capaces, muchas veces de llegar a firmar acuerdos, como dar apoyo al proyecto de Presupuestos, que Junts tumbó en el Congreso la senda de déficit presentada por el Gobierno español o sobre la financiación singular de Catalunya pactado entre socialistas y ERC. Si la política es el arte de lo posible, de dialogar, pactar y llegar a acuerdos, seguiremos teniendo normalidad institucional.