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Decía el ensayista inglés Aldous Huxley que: «La política no es una religión. Los proyectos políticos no son una religión en la que deba creerse ciegamente, solo por fe. Hay que auditarlas, vigilarlas, seguirlas de cerca porque están hechas por hombres corruptibles, que pueden equivocarse o aprovecharse de su posición.»

Yo añadiría simplemente, que en la política y en la gestión en general, hace falta transparencia y control. Para que las personas no tengan la debilidad de no hacer las cosas, las hagan mal o bien se aprovechen económicamente, es decir caigan en la corrupción. Todos tenemos la presunción de inocencia y también de honradez, pero hay innumerables factores que pueden hacer perder las dos cosas, por eso aparte del interés personal de hacer bien las cosas, hay que sentirse controlado para no caer en la tentación o en el fallo involuntario. 

Hoy martes, ocho años después de que la jueza Mercedes Alaya iniciara la instrucción del caso ERE la Audiencia de Sevilla ha dictado sentencia de los ERE. Un caso de corrupción del Gobierno andaluz del PSOE que repartió más de 680 millones de euros en ayudas públicas entre los años 2000 a 2009, una macrocausa por corrupción que tiene otras 146 piezas abiertas, por expedientes de regulación de empleo concedidos o ayudas directas otorgadas.

El procedimiento nació para agilizar la burocracia, en un momento en que muchas empresas andaluzas estaban en crisis. Se creó un sistema que las ayudas se pagarían a través de una agencia pública, primero IFA y después IDEA, que actuaría como caja pagadora. Se abonaron durante casi una década ayudas a empresas en crisis, subvenciones extraordinarias, prejubilaciones a trabajadores y también a intrusos, todo ello sin la fiscalización de ese dinero. Se ayudó a crear una red clientelar en Andalucía, para evitar problemas sociales y también como dopaje electoral.

Cuando la política, la gestión de una comunidad autónoma juega con los fondos públicos de todas las andaluzas y andaluces, con una falta de control total, se cae en la corrupción, independientemente que no haya existido enriquecimiento personal de los dirigentes de la Junta de Andalucía, ni que se empleará dicho dinero para las arcas del PSOE andaluz. La corrupción no tiene matices, es o no es, y fue una forma de gobierno durante décadas en Andalucía.

No importan las sentencias a un total de 21 ex altos cargos del PSOE andaluz, no importa que los expresidentes de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves haya sido condenado por prevaricación y que José Antonio Griñan afronte una pena de nueve años de inhabilitación, seis años y dos días de cárcel, por el delito de prevaricación y de malversación de fondos públicos. Aparte, de las penas al resto de altos cargos por ese reparto de ayudas e incluso juergas y regalos pagados con dinero público. Lo importante es que la Justicia ha hablado, que no vuelva a pasar y que ese dinero volviera de nuevo a las arcas de la Junta de Andalucía. La política no es una religión, ni debe servir de dogma de fe, aparte de ideología debe existir transparencia y control.