Las derechas defienden que una menor presión fiscal fomenta la actividad económica, la inversión y el empleo, lo que a su vez genera los ingresos necesarios para sostener el Estado del bienestar. Sostienen que los servicios públicos en colaboración con entidades privadas o la externalización de ciertos servicios puede mejorar la calidad, reducir listas de espera y optimizar los recursos presupuestarios. Nos quieren convencer que los impuestos son un robo y que el dinero tiene que estar en las manos de los ciudadanos. Pero, sin impuestos es inviable mantener la estructura económica y social del Estado del bienestar.
Nuestro voto decidirá el modelo económico que queremos para nuestras pensiones, costes sanitarios, educativos y servicios públicos pagados con nuestros impuestos. Unos derechos sociales que tenemos todos o que podemos carecer de ellos. Para las derechas, los derechos sociales universales los conciben como privilegios ligados al empleo o al mercado. Ellos no buscan un Estado del bienestar, buscan privatizar con acuerdos comerciales que benefician al capital. Erosionando la cohesión social y aumentando la brecha social.
