La privatización de lo público puede restringir la libertad de acceso a servicios comunes, convirtiendo a los ciudadanos en clientes y marginando a sectores vulnerables. La libertad es la capacidad de poder elegir entre diversas opciones: entre lo público y lo privado. Pero, entendido como la autonomía que tenemos los ciudadanos para seleccionar el proveedor de servicios esenciales, no por falta de calidad y de servicio de lo público.
Todas las personas tenemos derecho a acceder a dichos servicios públicos en condiciones de igualdad y de calidad. Asegurando el ejercicio de nuestros derechos. Son necesarios, porque eliminan desigualdades de todo tipo ya sean económicas, de género, sociales, laborales o de discapacidad. Sirven, para mitigar el impacto de un mal reparto de la riqueza en la sociedad.
La educación, la sanidad y la dependencia son un derecho. Eso supone que toda persona debería tener acceso a dichos servicios, sin que se pueda imponer un costo o una traba para poder acceder a ellos. Cosa diferente es la libertad individual para acceder, si no deseas los servicios públicos y quieres acudir a los privados. Pero, siempre bajo la premisa de la búsqueda del bienestar que tiene que ofrecer lo público.
Los poderes públicos a lo largo de la historia, desarrollaron la implantación y prestación de servicios, desde el transporte hasta servicios como la luz , el agua, el teléfono, etc. La insatisfacción social por la calidad de los servicios públicos, y la imposibilidad de que el Estado pudiera soportar los elevados gastos de su prestación provocaron su privatización.
La privatización de lo público, fue un cambio buscando el mercado y la competencia, como posible solución. Siendo las empresas privadas las que comenzaron a prestar servicios públicos. Lo cual significó, en teoría una mejora de interés general, realizando una prestación similar, convirtiendo a los usuarios en clientes.
Las sociedades pasaron de la extensión de la actividad del Estado en los ámbitos más diversos, a la privatización de muchos servicios públicos. Primero como consecuencia del liberalismo económico, buscando la mínima intervención del Estado en la economía, promoviendo la libre competencia y el libre mercado. A lo que también se adhirió la socialdemocracia a finales del siglo XX.
La derecha sigue apostando por su obsesión de privatizar lo público. Mientras el progresismo ahora, apela por el reforzamiento estatal de ciertos servicios. Las elecciones son siempre la opción que tenemos la ciudadanía para escoger el modelo que queremos: el público o la privatización. Las elecciones andaluzas del 17 de mayo, son una oportunidad para elegir.
Es necesario, separar y diferenciar, porque la privatización es un instrumento al servicio de una idea, de una finalidad, de una política que nos usurpa el derecho a disponer de una buena educación pública, una sanidad de calidad y una dependencia que llegue a tiempo.
Cuando buscamos colegio en Andalucía, para nuestros hijos e hijas, nos encontramos con las elevadas ratios en todas las etapas, que regulan la asignación de personal docente. A lo que se suman los recortes económicos y el incremento de alumnado con dificultades de aprendizaje. Lo que convierte a la educación pública, en la hermana pobre frente a la educación concertada. Y, una universidad pública con déficit de financiación y recortes de personal. A lo que se añade el auge de las universidades privadas.
La dependencia en Andalucía caracterizada por un colapso en la gestión y largas listas de espera, falta de plazas residenciales y de personal. Lo que supone que miles de personas fallecen antes de recibir la atención.
Y, la sanidad en Andalucía, la peor valorada del sistema de salud español según el último barómetro sanitario. El estado de la sanidad fue, una de las razones, que causaron el fin de la hegemonía socialista en Andalucía, junto con la corrupción el clientelismo y el desgaste. Ahora, seguimos con listas de espera al médico de familia, al especialista, a pruebas específicas, a operaciones… La crisis de los cribados de cáncer de mama y cuatro consejeros de Sanidad que no la han mejorado. Por no decir, que la han empeorado.
En Andalucía se dispara la contratación de seguros privados, nuestros escolares acaban en la concertada. Y, nuestros mayores deben vender sus pisos, quien los tiene, para poder ser cuidados. Solo lo público garantiza mediante su actividad el interés general. Mientras que una empresa privada siempre antecede la rentabilidad a la calidad del servicio. Tu voto es el que decide una mayoría de estabilidad, para que todo siga igual. O, un voto de cambio, por unos servicios públicos gratuitos y de calidad, para reducir la desigualdad.