La ética no puede sustituir a la política, ni a la economía, pero hay bastante de inmoral en los «beneficios extraordinarios», que se producen cuando un empresario disfruta de beneficios por encima de lo esperado, normalmente como resultado de un cambio drástico en las condiciones de mercado. Eso sucede en el oligopolio de las compañías eléctricas, un tipo de mercado en el que existen pocos vendedores y muchos compradores. En el que muchas veces colaboran, coordinando sus actuaciones y convirtiendo el mercado en un monopolio. En este caso, el beneficio que obtienen estas empresas aumenta en perjuicio de los compradores. Las compañías eléctricas van ofertando la electricidad en función de la demanda de cada momento. Las eléctricas aportan la energía nuclear, la hidráulica, las renovables, completan con carbón y gas, y al final cobran de manera inmoral el precio más alto.
Continúa el aumento del precio de la luz, con un récord histórico el lunes en 154,16 euros el megavatio/hora. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado una bajada del impuesto especial a la energía eléctrica del 5,1 % al 0,5 %, prorrogará hasta finales de año la suspensión del impuesto del 7 % a la venta de producción de energía eléctrica, así como la reducción del IVA del 21 % al 10 %. El presidente del Gobierno ha dicho que «todos tenemos que hacer un esfuerzo» y por ello ha defendido la medida para detraer determinados beneficios a las eléctricas, que están obteniendo en el mercado eléctrico mayorista. El Gobierno interviene el mercado eléctrico, tomando una serie de medidas en los «beneficios extraordinarios», detraerá 2.600 millones de euros de ingresos del oligopolio eléctrico, hasta marzo de 2022 y lo repercutirá directamente en el recibo, para lograr bajar los precios de la luz, hasta los niveles de 2018. Asimismo pondrá un tope al mercado regulado del gas para evitar una subida en la calefacción doméstica.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acusó en el Congreso de los Diputados, a las empresas eléctricas de no mostrar empatía social y ha tenido que ser el Gobierno de España el que toma estas medidas para topar el recibo de la luz y del gas. Es inmoral que lo único que cuenta es el beneficio que aportan las empresas. El cómo se obtiene no aparece en la evaluación de su cuenta de resultados, las empresas no tienen tiempo de plantearse cuál es la función social del sistema financiero. Aunque, el servicio eléctrico debería ser un derecho que tenemos los clientes, a disfrutar de un suministro de electricidad de calidad, a unos precios razonables, comparables y transparentes. Están tan acostumbradas las compañías eléctricas a sus beneficios extraordinarios, a los grandes sueldos de sus directivos, a sus privilegios en el uso del agua y los súbitos desembalses como los registrados este verano en algunas cuencas para generar más electricidad, que se permiten el órdago al Gobierno de un apagón de las siete centrales nucleares que siguen operando en España. Saben que es imposible, que no pueden hacerlo, pero aún así nos amenazan. Lastima que a los consumidores, solo nos queda la opción de pagar lo que nos pidan, porque nosotros no podemos apagar el interruptor definitivamente.
Es más justo socialmente, detraer 2.600 millones a las compañías eléctricas que bajar los impuestos. Porque la bajada de impuestos de la luz no es la mejor solución. No puede un gobierno progresista adoptar la bajada de impuestos como pretende la oposición conservadora. Bajar los impuestos solo beneficia a las grandes empresas y a las rentas más altas. Porque una regulación fiscal más laxa, puede hacer registrar discretas tasas de crecimiento por la llegada de capital, impulsando el consumo o la producción, en definitiva beneficiando el Producto Interior Bruto. Pero, propiciando un incremento de la deuda pública. ya que la caída de los impuestos afecta negativamente a los ingresos de la nación.
Si se recauda menos impuestos con la luz, ese dinero hará falta para educación, para sanidad, para pensiones, para infraestructuras… En definitiva, para atacar el estado de bienestar y tener que buscar en en ámbito privado lo que el Estado no podrá asumir en la responsabilidad y prestación de servicios a la ciudadanía. No es cuestión de prejuicios ideológicos, el que subir impuestos es de izquierdas y bajarlos es de derechas. España necesita corregir un sistema impositivo, insuficientemente recaudatorio, insuficientemente distributivo e insuficientemente eficiente. Tenemos que pagar, más impuestos para tener más servicios y prestaciones. Bajar los impuestos de la luz, no es la solución. La solución es que algunos obtengan menos beneficios…