La ley de amnistía por el procés independentista, entró en vigor en junio de 2024. Han pasado más de dos años y el bloqueo continúa. Aunque, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado un aval casi total a la ley. Niega que su aplicación afecte los intereses financieros de la UE. Y, que vulnere la directiva de antiterrorismo. Además, de considerarla una ley de “reconciliación” y reducir las tensiones políticas e institucionales entre España y Catalunya.
Pero, de momento nada cambia. Ahora, la Justicia Española necesita más tiempo. Para analizar con detenimiento el aval de la Justicia europea. Una Justicia española, principalmente en el Tribunal Supremo, donde jueces como Manuel Marchena y Pablo Llarena, no aceptan que se les enmiende la plana.
Las sentencias de la Justicia española sobre la amnistía no tienen los mismos criterios que la Justicia europea. Sin embargo, los tribunales españoles están obligados a aplicar el Derecho de la UE y a acatar las decisiones del TJUE, siendo este último el garante último de la interpretación comunitaria.
Y, esto de momento significa que Puigdemont no podrá regresar de momento a Catalunya o que Oriol Junqueras se pueda presentar a las próximas elecciones. Ahora, veremos un intento de nuevo, de frenar la amnistía. Aún a pesar del posicionamiento del TJUE. Y, de seguir secuestrando judicialmente a la política.
Ahora, el PP ha expresado su «respeto absoluto» al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. Después de tantas alocuciones en contra y de manifestaciones en las calles. En un intento de aproximación con Junts.
Pero, sin olvidar el patriótico españolismo revanchista y de amor propio de una parte del PP. Recalcando que el TJUE se ha pronunciado sobre «un aspecto muy concreto» de la norma y no sobre su constitucionalidad. Ahora, será la Justicia española la que tendrá que determinar conforme a los preceptos del TJUE.
Es el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que habían presentado cuestiones prejudiciales en cuanto a malversación y terrorismo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que también tenía dudas sobre la malversación. Y, sobre todo para que el Tribunal Constitucional y el Supremo apliquen, ahora sí, la amnistía.
La ley de amnistía está bien hecha según la Justicia europea. Aunque, parece que la resolución del conflicto catalán de 2017, sigue negándose por la alta judicatura, que llegó a manifestarse en contra.
Para ellos poco importa que el Congreso de los Diputados, que es donde reside la «soberanía nacional», votara a favor la ley de amnistía. Ni el aval del TJUE y el amplio apoyo social y político en Catalunya.
Parece que lo único importante es buscar dificultades para que las sentencias y las leyes se cumplan. Dos justicias paralelas. Aún a pesar de estar obligados a aplicar el Derecho de la UE y a acatar las decisiones del TJUE.