La ley de amnistía al «procés», aprobada.

El Congreso de los Diputados ha aprobado con 177 votos a favor y 172 en contra del PP, Vox y UPN, la proposición de ley de amnistía al «procés» para la normalización institucional, política y social en Catalunya. Una ley que borra todos los delitos y responsabilidades administrativas y contables vinculados al «procés« y cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. La amnistía no incluye delitos calificados como terrorismo de acuerdo con la legislación europea. La ley de amnistía establece que una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado se levantarán de inmediato medidas cautelares y órdenes de detención, y los jueces dispondrán de dos meses para aplicarla a cada caso concreto pero los plazos pueden ser inciertos.

Ahora, los jueces tienen en sus manos la amnistía de los encausados, los jueces tienen ahora el debate entre aplicar la ley de amnistía o presentar una cuestión ante el Constitucional o llevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario, y el proceso en cuestión quedaría en suspenso a la espera de respuesta. Para la oposición es simplemente el pago por los apoyos parlamentarios de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La amnistía tiene como objetivo propiciar la reconciliación con Catalunya, siete años después que la peor crisis política de España por el referendo ilegal y la declaración unilateral de independencia. Las dudas es si servirá para amnistiar a Carles Puigdemont y a otros encausados, que encabezaron el fallido intento de independencia en 2017. El problema son las dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía y la posible derogación por parte del PP, si llega al poder. Aunque, como ley penal más favorable, los efectos de la ley de amnistía son irreversibles una vez aplicada, aunque fuera derogada.

Esta ley de amnistía al «procés», es la primera posconstitucional, porque la amnistía de 1977, fue aprobada por el Parlamento antes de la  promulgación de la Constitución, por lo tanto esto no demuestra la constitucionalidad de esa ley de amnistía. Todo queda en manos de los jueces que dispondrán de dos meses para aplicarla a cada caso concreto. Sin embargo, este plazo podría quedar en suspenso en el caso de que se eleve la norma ante el Tribunal Constitucional o a la justicia europea (TJUE). Al final, la ley de amnistía no habrá servido de nada.

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