La expulsión colectiva de menores marroquíes en Ceuta, de manera colectiva e indiscriminada, privados de cuidados parentales, es la máxima expresión de imcumplir la Ley. A estos menores no se les ha entrevistado de manera individual, no se les ha escuchado, no se ha podido identificar sus vulnerabilidades. Sin esta entrevista es imposible conocer el interés superior de estos menores en permanecer en España o ser retornados a Marruecos. Porque son niños, son menores y por el simple hecho de carecer de unos padres o responsables legales que les acompañe, son personas vulnerables que la Ley debe proteger. Los menores estaban «molestando» y lo único que ha preocupado al Gobierno de España y a la ciudad autónoma de Ceuta, es retornarlos como si fueran paquetes.

Marruecos abrió su frontera, para permitir la masiva entrada de migrantes los pasados 17 y 18 de mayo. El motivo, la estancia, en un hospital de Logroño, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Marruecos ha abierto su frontera y ha mercantilizado con la ilusión y el dolor de unos menores de llegar a España. Más de 1.100 menores de 16 años, han entrado en Ceuta. Y, eso significa un gran problema para la ciudad autónoma, pero la solución no es retornar a los menores incumpliendo la Ley. Se ha omitido la integridad física, moral, y psíquica de los menores. Solo ha importado «solucionar» con opacidad el problema: una expulsión rápida. Obviando que las expulsiones colectivas están terminante prohibidas, y que siempre debe primar la condición de menor sobre la condición de extranjero.

El Gobierno de Españ ha defendido este proceso, incluso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se afanado en explicar que su departamento ha actuado de forma legal y «siempre teniendo en cuenta el interés superior» de los chicos. La Justicia se debe posicionar en dicho asunto y paralizar todas las expulsiones de menores, hasta que se encuentre una solución más idónea. No podemos ampararnos en un convenio con Marruecos de 2007, para devolver a los menores que entran solos a España e incumplir todos los derechos fundamentales de estos menores. El Gobierno de España debe reflexionar, el único apoyo político de dichos actos de expulsión, es la extrema derecha de Vox ¿por qué será?

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