La Constitución Española de 1978, en su Título preliminar, Artículo 1 dice: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».  Un Estado de Derecho es el que se somete al Derecho y, en particular, respeta los derechos humanos conforme a las declaraciones y tratados internacionales. España, es un Estado de Derecho, en el que hay que cumplir las leyes. Todas las personas deben cumplir las leyes vigentes, nadie puede estar exento de cumplir las leyes. Si hay algún grupo de personas que están exentos de cumplir las leyes, entonces no puede hablarse de Estado de Derecho.

En el momento en que el Parlament de Catalunya se ha rebelado contra el ordenamiento jurídico español y tramitó la aprobación de la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica para pretender amparo legal a la consulta independentista del 1-O. Se estaba atacando al Estado de Derecho y además dichas normas han sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, las leyes catalanas están suspendidas y legalmente el referéndum no se puede realizar. Eso es lo que dice la Ley.

Pero, antes de llegar a dicha situación, ha habido incapacidad de dialogo entre el gobierno central y la Generalitat de Catalunya. El derecho a decidir por parte de Catalunya, el derecho de los ciudadanos a ser consultados, es un derecho democrático. Si el Estado de Derecho actual no lo permite, se deberá cambiar la Constitución, buscar los pactos necesarios para mejorar los cauces de participación de la ciudadanía. Bloquear o no buscar soluciones, es encontrarnos con lo que tenemos actualmente un problema difícil de encontrar solución.

Según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el 67,5% de los encuestados iría a votar el 1 de octubre en el referéndum convocado por el Govern de la Generalitat, ganando el sí a la independencia por un 62,4% frente a un 37,6% que votaría en contra.  Los sondeos no siempre aciertan, pero se aproximan más al resultado que cualquier otra. Lo que está claro es que hay un deseo generalizado de los catalanes a ser consultados, la independencia o no es otro tema. Pero, solo se podría aceptar dicho referéndum si es legal y pactado entre el gobierno español y la Generalitat. No se ha querido abrir esta posibilidad, siempre se ha aludido a la Constitución española en su Artículo 2 que dice: » La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,…» No se ha querido buscar soluciones por parte del gobierno español y solo la judicial ha sido la única solución.

A partir de hoy 20 de septiembre de 2017, se han producido 41 registros de la Guardia Civil para frenar el referéndum del 1-O en diferentes Consellerias, con 14 personas detenidas, entre ellas varios altos cargos del Govern, investigados por desobediencia, prevaricación y malversación. Ofensiva que desde el Ejecutivo se argumenta en el cumplimiento de la ley, después de la solución judicial se ha buscado la solución policial. No hay solución judicial, ni solución policial para solucionar el deseo de los catalanes a ser consultados. El despotismo absoluto para implantar de nuevo el Estado de Derecho en Catalunya, es añadir gasolina a un fuego encendido. Mientras el Govern como el Parlament han denunciado la instalación de un “Estado de excepción” de facto.

La voluntad de diálogo, no existe, ni entre gobierno español ni el de la Generalitat, pero la impotencia política no puede solucionarse por la fuerza. No se puede que la Guardia Civil y la Policía Nacional, entrando en instituciones catalanas y deteniendo a ciudadanos pretendan solucionar el problema de Catalunya. La única solución es el dialogo y pactar un referéndum legal. Esperemos que nadie cometa un error sin solución, porque eso sería irremediable y de inciertas consecuencias. Un gobierno que envía policía para solucionar el problema del Estado de Derecho en Catalunya, ofende a la pacífica sociedad catalana, que siempre ha mantenido sus reivindicaciones con «seny». No sé si la solución es que la Generalitat suspenda su interés de realizar el referéndum, pero lo que tampoco es solución es cruzar el límite de la cordura.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *