Cuando se impaga la hipoteca, llega una notificación del banco, después una del juzgado y comienza el procedimiento judicial del desahucio, que tiene por objeto dilucidar el derecho que se tiene a permanecer en una vivienda. Pierdes tu hogar, entras en un fichero de morosidad que te excluye de obtener cualquier otro tipo de financiación y tienes que salir del bache social, económico y emocional pagando dicha vivienda sin vivir en ella, sin poderla recuperar y teniendo que buscar otra para seguir viviendo.
La vivienda constituye uno de esos elementos más esenciales para la vida del ser humano, se supone que es un Derecho universal y también en España está recogido en el Artículo 47 de la Constitución que proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero, que como otros muchos derechos no se cumplen y se olvidan de esas personas más desfavorecidas.
Desde la crisis económica iniciada en España en 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas, esta semana en un informe presentado por Amnistía Internacional. No se distingue si son desahucios provocados por impagos hipotecarios o por impagos en el alquiler, o entre ejecuciones de vivienda habitual o de una segunda residencia o un local comercial. Pero, estamos hablando de miles de familias que han perdido todo o por lo menos todo lo que tenían hasta ese momento.
Cuando los bancos acumulan tantas casas procedentes de desahucios, en algunas ocasiones prefieren encontrar una solución renegociada. Pero, por desgracia, el desahucio se convierte en el mecanismo para desalojarte de tu casa, olvidando la obligación de proteger el derecho humano a la vivienda. Solo la dación en pago, una ley contra el endeudamiento familiar, medidas de alquiler social, que contemplen que no se llegue a la quiebra familiar y que se pueda establecer un plan de pagos en la medida de sus posibilidades, porque lo que está claro es que las deudas hay que pagarlas, pero sin la carga de intereses desorbitados que pretenden cobrar las identidades bancarias y además quedándose la vivienda o local.