El Estado debe proteger a sus ciudadanos y defender el derecho a la salud, porque nadie debe morir si existe el medicamento que le cura, independientemente de su precio. En los próximos años aparecerán nuevos medicamentos milagro contra el sida, el alzhéimer o el cáncer, pero el precio no puede ni debe ser el motivo por el cual no se salven vidas de dichos enfermos. El problema ahora es de los enfermos de la hepatitis C, pero la responsabilidad es de todos, porque nadie está libre de estar enfermo.
Se cree que 150 millones de personas están infectadas por el virus de la hepatitis C (VHC) en el mundo,4 millones en Europa, más de 30.000 enfermos graves de Hepatitis C y cada día mueren de dicha enfermedad 12 personas en España. Dicha enfermedad se contagia por vía sanguínea y en España hasta 1.992 no fue obligatorio analizar las bolsas de sangre de las transfusiones para detectar si el donante estaba infectado, aparte de no tener las medidas de bioseguridad que se tienen actualmente.
Hay que defender a las personas diagnosticadas de hepatitis C crónica, deben recibir tratamiento, porque, si la respuesta terapéutica es satisfactoria y se consigue eliminar el virus, se evita que la enfermedad progrese hacia la cirrosis y el cáncer de hígado. Pero, ¿por qué no se les administra dicho tratamiento?
La respuesta es sencilla, por dinero. El medicamento «Sovaldi» es la única esperanza para muchos pacientes de hepatitis C, su precio varía según los países, desde los 67.000 euros en Estados Unidos, a los 9000 en Egipto y 600 euros en India, el coste en España del tratamiento combinado del Sovaldi con otro antiviral es de 43.500 euros por un tratamiento de 12 semanas. El laboratorio Gilead Sciences es el dueño de la patente y por lo tanto es el único que puede fabricarla y decidir lo que cuesta.
Las multinacionales farmacéuticas tienen derecho a ganar dinero, pero los Estados deben defender a sus ciudadanos y buscar soluciones para facilitar la producción de medicamentos más baratos para el mundo en desarrollo y para los enfermos en general. La solución es la expropiación de la patente y la fabricación de medicamentos genéricos, es decir, producir copias de fármacos patentados, a cambio del pago de un justiprecio a los propietarios de los derechos. El Derecho a la Salud y el acceso a los medicamentos esenciales a nivel mundial, es un Derecho Humano fundamental obstaculizado por el sistema de patentes y los beneficios de los laboratorios. Primero importa el beneficio, después la salud y la vida de los enfermos.