Una amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Una amnistía fiscal, es la medida por la cual se perdona mediante una ley, el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los que no las cumplieron en su momento. A lo largo de la democracia española se han aprobado cuatro amnistías fiscales: la de 1977, la de 1984, la de 1991 y la de 2012. El Tribunal Constitucional ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2.012. Bajo la denominación técnica «regularización extraordinaria», el gobierno del Partido Popular en 2.012, anunció una amnistía fiscal por bienes no declarados, incluyendo activos escondidos en paraísos fiscales y dinero en efectivo.El gobierno del PP, con esta medida le dio legalidad al dinero de la corrupción, del narcotráfico, de la venta de armas, de la trata de personas y de todo tipo de actividad criminal.

Una «regularización extraordinaria» que permitía perdonar el fraude a cambio de abonar el 10%. Al final los amnistiados pagaron una media del 3% de la cantidad regularizada,se permitió a los beneficiarios tributar el 10% de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía (2008, 2009 y 2010).  En resumen, la amnistía hizo aflorar 40.000 millones de euros no declarados de los que Hacienda solo obtuvo 1.200 millones.

Una amnistía fiscal que contraviene al Título I de la Constitución, que habla del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” y que favoreció  a los defraudadores y en contra de los que cumplimos voluntariamente y en plazo la obligación de contribuir. Mientras no se persiga la corrupción, se juzge y condene a las personas corruptas, los ciudadanos honrados estaremos discriminados frente a los corruptos, en contra de la igualdad de todos los españoles.

El rechazo a la corrupción no afecta a los votantes, el PP aún a pesar de sus casos de corrupción sigue siendo el partido más votado, pero eso no significa que los ciudadanos no estemos preocupados por la corrupción y la defraudación. No podemos permitir la impunidad, hay que acabar con la corrupción: aumentando la Inspección de Hacienda, más medios para la administración de Justicia y el acuerdo entre todos los países para acabar con los paraísos fiscales.

Pero, lo más grave es que la anulación de la amnistía fiscal no tendrá efecto sobre los 31.000 acogidos. Las regularizaciones ya han prescrito, al haber pasado más de cuatro años desde que acabó el plazo para acogerse a la amnistía fiscal en noviembre de 2012. Siguen siendo los defraudadores los vencedores, porque el resto, los ciudadanos honrados seguimos pagando sin necesidad de amnistía. Nos cansamos de tantos sinvergüenzas y de tanta desigualdad. La inconstitucionalidad no servirá para que paguen lo que realmente tenían que pagar…

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