Cientos de inmigrantes permanecen hacinados en la playa del Trampolín, en Ceuta, en una situación de «vergüenza humanitaria». Al igual que sucedió en el puerto o muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Cuando se le puso el nombre de «muelle de la vergüenza». Tras la crisis migratoria de 2020 y 2021, durante la pandemia por el Covid. Donde más de 2.600 personas fueron hacinadas en un espacio para 400 personas, en condiciones precarias sobre carpas improvisadas a la intemperie.
De nuevo se han repetido los mismos errores que en Arguineguín. Ha faltado previsión, progreso, tamaño e intensidad en unas medidas para cobijar a personas. Que no se pueden abandonar a la intemperie, sin sombra, sin duchas, sin servicios básicos. Una crisis humanitaria exige redoblar esfuerzos y adoptar soluciones. No se puede esperar 19 días a dar protección básica a los migrantes.
La ayuda humanitaria debe ser independiente a la cuestión de si los inmigrantes deben ser expulsados a Marruecos o se cumple la legalidad. Se puede aceptar que Ceuta no tuviera recursos de acogida suficientes, en una avalancha de más de 60.000 personas. Pero, lo que no se puede aceptar es que haya personas vagabundeando por la ciudad y haciendo campamentos precarios en la playa del Trampolín.
Todas las administraciones con competencias en la gestión de crisis migratoria, tienen que reaccionar ante la falta de medidas, que es una «vergüenza humanitaria». A lo mejor, se preparara un nuevo escenario para otra visita del papa León XIV, como hizo en junio de este año visitando el «puerto de la vergüenza» de Arguineguín en Gran Canaria.
Un Estado no puede dejar la cuestión humanitaria solo en manos de las ONG, tiene que tener aparte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más trabajadores sociales, mediadores y traductores, para asegurar la dignidad y la salud de los migrantes. Porque estos migrantes, son personas que tienen derechos humanos y que no pueden estar en estas condiciones todo este tiempo. España debe respetar los derechos humanos.
Los inmigrantes deben contar con asistencia jurídica que les informe de sus derechos y les guíe en todo el proceso. Donde es necesario saber el número de personas y de niños, para comenzar también la labor administrativa y judicial a todos los migrantes que han llegado a Ceuta. Es necesario que se busque soluciones de protección a los menores, principalmente a las niñas.
El campamento de la playa del Trampolín es insostenible, en estas condiciones no se puede dispensar un trato humano digno a estas personas, que se juegan la vida en llegar a Ceuta. Es necesario lanzar a Europa y al mundo un mensaje de respeto a los derechos humanos a estas personas que han abandonado sus casas y su familias. Y, que ahora solo cuentan con nuestra ayuda.
Debemos demostrar que la solidaridad está por delante de fronteras y de mensajes de xenofobia y racismo. España no puede convertirse en el foco mediático de la vergüenza, ante una Europa que solo le preocupa que no lleguen los migrantes al continente. El Gobierno de España y de Ceuta no pueden permitir esta vergüenza humanitaria, el abandono y la vulneración de derechos humanos durante diecinueve días.
Ceuta debe estar preparada no solo para la contención, sino también para la acogida. Disponiendo de unas instalaciones o de la logística necesaria para montar infraestructuras provisionales donde se puedan llevar a cabo las gestiones de unificación, control, ayuda y trámites migratorios.
Aunque esto tan perentorio, aún no se ha conseguido ni siquiera, en las zonas de alta producción agrícola, como por ejemplo en Huelva (fresas y frutos rojos) y Lleida (fruta dulce), donde miles de migrantes temporeros llegan cada año sin contrato de trabajo ni papeles para la campaña. Y, tienen que vivir en asentamientos precarios o chabolistas, montados por los propios trabajadores extranjeros.
Cuando los políticos discuten sobre la expulsión a Marruecos o respetar la legalidad. Donde se habla de soberanía de Ceuta y Melilla. Cuando se aprovecha para esparcir sentimientos racistas y xenófobos contra los migrantes. El Estado tiene que velar por proporcionar a nivel social e institucional, la defensa de los derechos de las personas migrantes. Esto no es favorecer el efecto llamada, es comportarse con humanidad. Para los creyentes de forma cristiana.
