El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del voto para los nacionalizados con la «ley de nietos» que residan en el extranjero. Se suspende la inscripción en el censo de los nacionalizados por la «ley de nietos». Tal y como habían solicitado como medida cautelar Iustitia Europa y Vox. Es decir, ciudadanos españoles descendientes de exiliados españoles, que no podrán votar en las elecciones generales del 29-N.
Estamos hablando de víctimas, que primero tuvieron que huir de España y que ahora se cuestiona el derecho a sus descendientes a ser reconocidos como españoles y poder ejercer su derecho al voto. Es necesario tener más controles, agilizar trámites y mejorar medios consulares. Pero, lo que no puede hacer sin pruebas es convertir a los descendientes del exilio y de la emigración española en sospechosos votantes de la izquierda. Porque la realidad es que el voto exterior no es homogéneo.
El motivo de la excepción es que la suspensión del voto se dirige a los nacionalizados que recurrieron a la interpretación de la ley que impuso el Ministerio de Justicia. Conforme a la cual todo aquel que salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 debía considerarse como exiliado. Se prohibe votar a los nacionalizados por la “Ley de Nietos” que no hayan demostrado la condición de exiliados de sus familiares. El recurso de la Abogacía del Estado indicaba comprobar cada expediente cuestión que no resulta factible ante la urgencia de los plazos para el 29-N.
Las derechas siguen alimentando la idea de fraude electoral. Desde 2022, Iustitia Europa y Vox recurrieron y el Tribunal Supremo les ha dado la razón en la Fiesta Nacional de España. La decisión del Tribunal Supremo, ha sido de 5 magistrados que advierten del riesgo de un censo irregular y una magistrada que discrepa. Lo que supone una suspensión del voto a más de 160.000 personas. Españoles que no podrán votar, pero que algunos votaron en anteriores elecciones y no ha pasado nada.
Lo que exige el Tribunal Supremo es que se acredite que se obtiene la nacionalidad española de acuerdo con las exigencias de la ley. Los jueces han dado la razón a la extrema derecha de que existe el riesgo de un pucherazo electoral. Lo basan en el aumento del censo de residentes en el extranjero. Que es consecuencia lógica de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que concedía durante un plazo de tiempo la posibilidad de obtener la nacionalidad a los descendientes de exiliados.
Ahora, resulta que las derechas tienen miedo de los nietos de los españoles que tuvieron que huir. Porque creen que pueden cambiar el resultado final. Las derechas prefieren negarles el voto. PP y Vox denuncian un posible fraude y cuestionan la legitimidad de unos nuevos ciudadanos, convirtiéndolos en españoles de segunda y sin derecho a voto.
