Para poder condenar a los autores de delitos la justicia necesita pruebas. A veces las personas enjuiciadas o condenadas aceptan colaborar con la justicia penal. El colaborador de la justicia, denuncia o testifica contra los coautores, con el acompañamiento de pruebas pertinentes. Es decir a quien ha inducido la ejecución de la corrupción. Donde el verdadero afán de colaboración con la justicia con su confesión, supuesto arrepentimiento y colaboración es buscar una disminución de su propia responsabilidad penal.
La noticia no es que el Tribunal Supremo condene a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel, a Koldo García a 19 años y ocho meses. Sino que el colaborador de la justicia Víctor de Aldama, no entrará en prisión por sus delitos de organización criminal y cohecho, por su «aportación al descubrimiento de los delitos», aunque tenga una sentencia de cuatro años y medio de condena.
Víctor de Aldama ha utilizado la ley en sentido práctico y legal, para buscar simplemente una atenuación de pena. Adelantándose ante una posible implicación penal de corrupción en la que estaba implicado como corruptor. Donde es quien induce la ejecución de la corrupción. En todo acto de corrupción siempre hay «quid pro quo«. Una locución latina que significa literalmente «algo por algo» o «una cosa a cambio de otra», «dar algo a cambio de obtener algo». Un corruptor nunca es inocente en el acto de la corrupción, porque es el que busca su mayor beneficio.
Gracias a estos supuestos arrepentidos y colaboradores de la justicia, se pueden esclarecer delitos de organizaciones delictivas, como el narcotráfico, la trata o la corrupción. Son denunciantes autoinculpados que gracias a sus testimonios pueden desenmarañar una trama. Confesando la infracción, colaborando con la justicia, denunciando o testificando contra los coautores y el acompañamiento de pruebas pertinentes. Haciendo una rebaja de la pena en uno o dos grados a la impuesta por los jueces. Como en el caso de Aldama, que una sentencia de cuatro años y medio de condena, no la tenga que cumplir.
Sorprende la dureza de las penas contra el exministro y exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. Una sentencia que considera acreditadas conductas que sustentaban la acusación, pero que las defensas consideran que no estaban probadas. Aunque el tribunal considera más que probada la adjudicación irregular de dos contratos públicos del Ministerio de Transportes para comprar mascarillas en plena pandemia de Covid-19, que es el origen del caso mascarillas, dirigido por el propio Aldama.
Si las sentencias a Ábalos y Koldo son un claro alegato de condena de la corrupción y de sus efectos en «el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político». Pero, sin embargo Víctor de Aldama, miembro necesario de esta trama, no entrará en prisión. Simplemente, no podrá volver a delinquir, deberá presentar un informe semestral de actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Y, además el Tribunal Supremo no le obliga a devolver la comisión de 3,7 millones que la Fiscalía Anticorrupción le exigía.
La sensación es que «cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar«. Se ha logrado enjuiciar al hermano y a la mujer de Pedro Sánchez. Falta Santos Cerdán y el caso Leire. Tiene uno la certeza de que van a caer todos. Poco a poco y uno a uno. Que Pedro Sánchez y el PSOE serán finalmente imputados, Y, que la derecha tendrá su camino expedito para llegar a La Moncloa. Hay algunos, que se olvidan, que las elecciones se ganan en las urnas, no con un colaborador de la justicia. Y, el resultado de las elecciones, aún está por ver.
