Las filtraciones han existido siempre: filtraciones judiciales, policiales, políticas o periodísticas. Donde entran conceptos como los límites de la libertad de expresión, el respeto a los procedimientos judiciales, la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y su incidencia en los juicios paralelos. Descubrir información supuestamente confidencial, secreta y que pueda afectar judicial o políticamente a personas. Me parece que es intolerable.
Cuando se inicia un proceso judicial siempre se ha puesto en marcha la máquina de filtrar al servicio del partido del Gobierno, pero ahora resulta que es para la oposición. Igual de injusto.
En la policía, en la política o en el periodismo siempre han existido personas que han filtrado información como algo normal. Algunos con interés crematístico y otros simplemente por ayudar, por informar o por tomar partido.
La información es un bien que desea mucha gente, que puede ser muy permeable y que las filtraciones pueden producirse por muchos conductos. Evitar las filtraciones es responsabilidad de todos, en una sociedad ávida de información y de tomar partido.
Las filtraciones van en contra del derecho a la intimidad y al honor, Todos tenemos derecho a preservar nuestros datos personales, a nuestra propia imagen y a que se respete el almacenamiento y tratamiento de nuestra información personal y digital.
Los teléfonos han trascendido su función original de comunicación para convertirse en algo que ya no se limita a llamadas y mensajes de texto. Con la evolución de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, la interacción social ha alcanzado nuevas dimensiones. Nuestra vida está en los móviles y por lo tanto toda nuestra intimidad.
En España, el Artículo 18 de la Constitución Española garantiza de forma estricta el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. Aunque cada vez hay más filtraciones que transgreden la privacidad y la intimidad como derechos fundamentales.
La Justicia está obligada a defendernos frente a filtraciones indebidas y cualquier intromisión ilegítima a nuestro honor. Y, se entienden aún menos, cuando dichas informaciones están en fase de instrucción y secreto del sumario, para garantizar el éxito de la investigación.
Los juzgados deberían siempre separar lo qué es relevante para la investigación, impidiendo la información que es meramente privada.
Todo lo contrario a lo que ha sucedido con Rodríguez Zapatero, donde aparecen desde contraseñas, cuentas bancarias o cuestiones estrictamente personales. Además, de la obligación de pedir autorización judicial para interceptar comunicaciones telefónicas y telemáticas, que en esta causa hay muchas dudas.
Donde las filtraciones en sumarios que se encuentran secretos, con informes de unidades policiales son conocidos antes por el gran público que por los investigados. Todo esto hace un flaco favor a la Justicia y sobre todo a los acusados con los juicios paralelos mediáticos.
Ningún procedimiento judicial debería tener paralelamente un enjuiciamiento realizado por los medios de comunicación. Con la difusión de unos hechos, pruebas, opiniones de culpabilidad o inocencia E incluso el reproche ético o moral sobre la sentencia judicial.
Las filtraciones no son buenas, aunque puedan parecer beneficiosas para los medios de comunicación y para los intereses espurios de alguna de las partes. Que solo comprometen a la justa y equitativa función de la justicia. Donde la dignidad y el derecho a la intimidad debería estar siempre protegido. Y, donde por supuesto, no vale todo.
