En muchas ocasiones es difícil determinar sobre quien debe recaer la responsabilidad. Una manera de cumplir con las obligaciones o de responder por su incumplimiento. Existen diferentes tipos, desde la familiar, la social, la jurídica y también la responsabilidad política.
Si entendemos la responsabilidad como la obligación que tiene un organismo o persona de subsanar el perjuicio producido o el daño causado a un tercero. La responsabilidad política es la obligación de los políticos de responder por sus decisiones, acciones y omisiones en el ejercicio de su cargo.
De todo lo que hagan o dejen de hacer. Porque la ausencia de toma de medidas y de falta de previsión, es también parte de su responsabilidad política. Porque la responsabilidad tiene que ver con las conductas, decisiones y omisiones. Legalmente permitidas pero éticamente cuestionables. Para asumir las consecuencias de las decisiones y el impacto que tienen en los demás.
Una ética que se debería de referir a los principios y estándares que guían el comportamiento personal, social y político. Que no se debería confundir con la interpretación y la aplicación de la responsabilidad jurídica. Se puede ser inocente y tener sobrados motivos para presentar la dimisión o esperar el cese.
En democracia, esa responsabilidad política está determinada por la rendición de cuentas de una manera transparente, justificada y responsable ante los órganos de control y ante la ciudadanía. Cuando surge una anomalía, sea por corrupción o en el caso del fallo en la seguridad ferroviaria. Aparte de dar información y explicaciones, es necesaria la asunción de las consecuencias éticas, sociales y políticas.
A Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Accesible se le exige la dimisión por su gestión y por los dos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) en la línea de alta velocidad de Madrid-Andalucía. Es evidente que nadie puede demostrar aún su responsabilidad por acción u omisión a nivel penal. Pero, si tiene una responsabilidad política, que hubiera podido solucionar con su dimisión. Y, en caso omiso, con el cese por parte del presidente del Gobierno.
Óscar Puente descarta dimitir porque su obligación, según él, es quedarse e intentar averiguar lo que ha pasado y poner en marcha medidas para que no pueda volver a suceder. Quizás pensará mucha gente, «¡a buenas horas, mangas verdes!». Su responsabilidad era anterior y no se tomaron las medidas para solucionar la seguridad ferroviaria de manera preventiva.
La responsabilidad no es de solo este gobierno, es compartido con los anteriores. Los retrasos, los accidentes tienen que ser solucionados con inversiones económicas, supervisión y mantenimiento. Todos los gobiernos priorizan entre lo urgente y lo importante. Si se hubiera invertido en la línea de alta velocidad como cuestión importante, quizás ahora no sería urgente. Y, nos hubiéramos evitado dos tragedias humanas.
La responsabilidad política no se soluciona solo con dimisiones y ceses. Que a lo mejor no sirve para «aliviar el dolor de las víctimas«. Y, que únicamente satisface a la oposición política y a todos los que salen a las calles a insultar a Pedro Sánchez.
El ministerio de Transportes ha estado demasiado tiempo en el foco informativo. Primero por la supuesta corrupción del ex-ministro José Luis Ábalos y ahora con la gestión de Óscar Puente con dos graves accidentes. Algunos pensarán, que la mejor solución hubiera sido la dimisión del presidente del Gobierno.
No me atrevo a negar esta opción. Pero, la responsabilidad política también es tener un gobierno progresista como opción política frente a tanta involución que nos espera. No es cuestión de defender una gestión con errores, Ahora, es necesario que la voluntad popular decida lo que quiera para el bien común.
