Esta semana la ha definido el PP como «la semana fantástica de la corrupción», «los ocho días de oro de Sánchez» o «12 meses, doce causas», un «carrusel» judicial donde el objetivo único debería ser impartir justicia, en referencia a las declaraciones judiciales de Aldama, Koldo García, Begoña Gómez, Ábalos y la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez que declaró ante el juez Peinado. La justicia es un principio abstracto que afecta a todos, que permite, según cómo lo interpreten los jueces, absolver o condenar al implicado o implicada. Pero, la justicia es una práctica diaria de igualdad, en cada caso y en cada decisión. Porque, no es solo la responsabilidad de juzgar, de hacer ejecutar lo juzgado y de aplicar la ley, de la discrecionalidad objetiva y subjetiva de los jueces, fiscales y defensores según el caso, sino de impartir justicia.
Nos olvidamos habitualmente, tanto a nivel de partidos políticos, medios de comunicación y opiniones personales que, existe la presunción de inocencia, un derecho constitucional, que implica que toda persona contra la que se ha dirigido un proceso –investigado, procesado o acusado– debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme. Sin embargo somos libres de afirmar, que Aldama, comisionista del «caso Koldo», como imputado todo lo que afirma es verdadero. Que Koldo y Ábalos son corruptos y culpables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez puede ser procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.
Parece que todos nos sentimos parte, haciendo de jueces, fiscales y abogados, olvidando que el Derecho es un conjunto de normas que regula una sociedad, es el instrumento a través del cual la justicia se plasma o realiza. Después quedará la decisión que se adopte, se califique como justa o injusta, pero primero deberemos respetar el trabajo y tiempos de la justicia. Porque, la justicia siempre debería ser producto de la razón, aunque muchas veces se intenta vincular al ámbito de la irracionalidad, debido a los intereses y discursos políticos, politizando la justicia. La la idea de la independencia judicial quizás en un dogma de fe que unos defienden, contra otros que están convencidos de la subjetividad y parcialidad de los jueces.
La politización de la Justicia o en su reverso, la judicialización de la política, impiden el funcionamiento normal de un sistema democrático y la confianza de los ciudadanos en nuestro Estado de Derecho. más aún, de los sistemas de garantías de que disfrutamos en un Estado de Derecho. Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, no puede acusar de connivencia y afirmar que el PP juega con las cartas marcadas, con ayuda de algunos jueces. Se puede pensar, pero nunca perder el respeto entre poderes del Estado que tiene que ser bidireccional, la Justicia tiene que respetar al Ejecutivo y Legislativo, pero también respetando la Justicia por parte del resto de poderes del Estado.
La Justicia tiene que abordar los problemas asociados a la politización externa y evidentemente también tiene problemas de politización interna, con todo esto, debe impartir justicia y no solamente la aplicación de la ley. Mientras tanto debemos confiar en los jueces, aunque a veces se haga uso de investigaciones prospectivas prohibidas por la ley y la jurisprudencia española, parezca que hay afinidades y animadversiones por parte de los jueces y que a veces le cuesta a uno creer en ese elemento formal de la justicia que proporciona el concepto de igualdad. No podemos confundir jueces, algunos jueces, con Justicia.