El exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha en el partido de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, ha pasado del Congreso de los Diputados, de la secretaría de organización del PSOE a la cárcel de Soto del Real. El premio a la corrupción, es la cárcel. Por eso, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a prisión provisional, su ingreso comunicada y sin fianza a Santos Cerdán, al considerarlo cabecilla de una trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas, en la que también estarían implicados José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. El magistrado sostiene que Cerdán tenía un papel central en la organización, siendo quien reclamaba y gestionaba las mordidas, mantenía una “relación vertical» en el que se aprecia posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, con Ábalos y Koldo García. Además, se le vincula con la empresa Servinabar y con maniobras para influir en nombramientos clave en el Ministerio de Transportes.
Que este lunes Santos Cerdán declare el presunto cobro de mordidas de obra pública, por unas grabaciones que le condenan y que acabe esa misma noche en Soto del Real. Es grave, para el PSOE, para el Gobierno de España, para Pedro Sánchez e incluso para la democracia. Manteniendo la presunción de inocencia, esta historia de codicia ciega, ha llegado al mismo sitio que Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, quien ingresó en Soto del Real en 2013 por su implicación en el «caso Gürtel», además de Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, más conocido como ‘El Bigotes’. Pasó también el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en 2018, en la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir con su condena a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas «black» de Caja Madrid. La cárcel, como premio a la corrupción, independientemente de las siglas.
Todas ellas personas que no representan un riesgo similar al de un asesino que nos puede degollar ni al de un pillo que nos vaya a quitar la cartera, son individuos con cargos de confianza, poder, dinero…, lo tienen supuestamente todo, pero atentan contra el sistema de convivencia. Sufren el contagio de la corrupción. Donde no sabemos si tienen la intención de ser corruptos, son tentados por los corruptores o simplemente es el amor al dinero por los políticos de turno o personas que ostentan cargos importantes que, por cualquier tipo de motivo, deciden verse involucrados en este tipo de crímenes.
La corrupción comienza por actos pequeños, inconscientes e incluso insignificantes. Pero, cuando se comprueba que nadie les descubre, viene la codicia, considerando inconscientemente, una forma normal de actuar. Incluso se llega a normalizar, aceptar y justificar porque todo el mundo lo hace. Todos tenemos patrones de comportamientos corruptos, casi nadie actúa de una manera íntegra. Que existan políticos, empresarios o ciudadanos corruptos es normal, lo que no es normal es que no se busquen sistemas de control para que no pase. La cura para la corrupción es el control y el premio a la corrupción, es la cárcel.
La corrupción es la vulneración de los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Es una trasgresión al principio de buen gobierno. Está orientado a la obtención de un beneficio privado, el cual puede ser para el autor de la conducta corrupta o para una tercera persona y sobre todo vulnera las normas penales, administrativas y/o éticas. Es perder la confianza en los que nos gobiernan y gestionan. Generando una sensación de total abandono y pérdida de confianza en el sistema. Es ir en contra de los intereses generales o del interés público. Por eso, dichas personas deben recibir el premio de ir a la cárcel. Pero, aparte de la responsabilidad jurídica de la corrupción, está la responsabilidad política. No se puede eximir la responsabilidad de haber permitido y de no haberse enterado de los casos de corrupción.
Igual que existe el principio que «el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento» , es decir que no se puede evitar las consecuencias legales de una acción alegando que no se conocía la ley. No podemos aceptar el “Pido perdón, no debimos confiar en él” de Pedro Sánchez sobre Santos Cerdán. El desconocimiento de la corrupción por parte del presidente del Gobierno, de personas tan allegadas como los dos secretarios de organización: Ábalos y Cerdán, es también una responsabilidad política de Pedro Sánchez, para una moción de confianza, una dimisión o un adelanto electoral. La justicia debe identificar y enjuiciar a los corruptos, la dignidad y la responsabilidad política deben ir por caminos paralelos. La ciudadanía progresista se siente dolida y decepcionada. La izquierda ni puede ser corrupta, ni robar, ni engañar…, porque eso no es izquierda, es la derecha.