En la vida y en la política las cosas a medias no sirven, aunque todos sabemos que el «todo o nada» casi nunca es posible. Los derechos a medias, no son tan solo menos derechos, sino que no son auténticamente derechos. Hoy el Gobierno de España ha aprobado dos nuevos decretos sobre vivienda. El derecho a la vivienda a medias no sirve, porque no recoge todas las demandas del Sindicato de Inquilinas, que Sumar hizo suyas. Trocear los decretos sirve para que haya más posibilidades de que salgan adelante, solo uno de ellos. Porque en el pleno extraordinario de este viernes es cuando se deberán someter ambos decretos a la convalidación del Congreso. Y, el Gobierno de España necesita el voto de todos los socios de la legislatura para aprobarlos.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Aunque su aplicación está condicionada y conforme a las leyes que se desarrollen. El derecho a la vivienda digna se configura como un mandato obligatorio hacia los poderes públicos, que les genera un deber de actuación para garantizar el derecho del ciudadano que necesita un lugar donde vivir y no a la del propietario de la vivienda como tal. Además, de la particularidad de que la vivienda se establece como una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
España basó su bienestar en la dictadura franquista en una «sociedad de propietarios» y que siguió en la democracia. Un sistema que colapsó con la burbuja de 2008, después de una etapa de crecimiento desmedido con miles de edificios en construcción, subiendo el precio de la vivienda, exceso de crédito fácil, bajos tipos de interés y especulación. Todo acabó con una profunda crisis económica, financiera y social. La vivienda se había convertido en un negocio de especulación para hacer dinero fácil y seguro. Todos conocemos a alguien que compró un piso para ponerlo en alquiler y con el alquiler pagar la hipoteca. El que compró un piso como inversión en la ciudad, en la playa o para sus hijos. Todo el mundo que pudo especuló con la vivienda.
El 15-M de 2011 fue el comienzo de la indignación en las calles, la crisis de los desahucios. Los movimientos civiles como desobediencia civil, que consiguieron paralizar miles de desalojos de viviendas y conseguir concienciación social de derecho a la vivienda. Surgió una izquierda alternativa que parecía tenía las soluciones para acabar con el problema de la vivienda. Pero, no lo consiguieron. Primero por el conservadurismo del PSOE y la falta de fuerza en las urnas por parte de la izquierda alternativa. Porque el PSOE necesita que los partidos a su izquierda, le obliguen a ser de izquierdas. de que los hijos de aquella década, cientos de miles de personas salieron a la calle porque el ladrillo había reventado la vida de la clase trabajadora.
En estos ocho años de gobiernos progresistas, la vivienda se ha convertido en el principal problema social. No se ha construido vivienda pública, la banca que se rescató con dinero público se ha convertido en los grandes tenedores, junto con fondos buitres. La llegada masiva de pisos turísticos, el aumento de los pisos de propiedad y de alquiler, han convertido a la vivienda en un bien inaccesible para la juventud y para adultos. Pero, la sociedad ha permanecido sin hacer nada. Creyendo algunos que el problema de la escasez de la vivienda y sus precios, es culpa de la migración. La gente se ha acostumbrado a un tema sin aparente solución. Donde los escudos sociales han sido votados en contra de los partidos de derechas.
Cuando todo el mundo estaba pendiente de la crisis humanitaria de Ceuta, un desahucio entre los 50 diarios, ha concentrado la información mediática. Maricarmen una mujer de 87 años que fue desahuciada del piso en el que residía desde hace más de 70 años y que a pesar de no haber dejado nunca de pagar el alquiler. Fue desahuciada de su piso, saliendo en una camilla destino al hospital. Un caso de los llamados contratos de renta antigua, firmados hace décadas y sujetos a normas especiales sobre el precio del alquiler y su transmisión a los familiares del inquilino. No pudiendo hacer frente a la subida de alquiler exigida por el fondo buitre propietaria del inmueble. Maricarmen contó con el apoyo de activistas que se concentraron para intentar impedir el desahucio, mostrar su apoyo y protestar contra la situación del mercado inmobiliario en España.
No consiguieron paralizar el desahucio, pero fue el detonante para que miles de personas salieran a las calles de muchas ciudades. Y, decidieran en Madrid acampar en la Puerta del Sol. El firme apoyo de una masa social concienciada han sido los responsables de que Maricarmen pueda volver a su casa, donde la empresa propietaria ha cambiado su decisión gracias a la presión social y mediática. Que ha servido para que el Gobierno de España se viera en la obligación de buscar una solución legal, no solo para Maricarmen, sino para todas las personas que son desalojadas de sus casas por temas de alquiler.
Se esperaba un decreto de vivienda, ambicioso que permitiera abordar la grave crisis de vivienda que atraviesa todo el Estado. Con todas las demandas del Sindicato de Inquilinas, en definitiva con todas las reclamaciones que tiene la sociedad. Frenando la especulación y obligándose el PSOE a no corregir con parches y con medidas a medias. Limitando los alquileres, acabando con los desahucios y que las prórrogas de los contratos sean automáticas. El Gobierno de España tenía que decidir entre estar con las familias o con la especulación. El llamado «decreto Maricarmen» se ha convertido en una falta de valentía por parte del Ejecutivo, haciendo dos decretos
Un decreto que incluye la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. Y, un segundo decreto que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler. Donde este viernes, con seguridad se aprobará el primer decreto y el de la renovación automática de los contratos de alquiler caerá por el voto en contra de Junts. El derecho a la vivienda, no sirve. Hace falta muchos votos en las urnas para la izquierda alternativa, para que el PSOE sea un partido de izquierdas.