El pasado 29 de octubre una DANA afectó a la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. La respuesta a la catástrofe en Valencia, después de un mes, se puede valorar como insuficiente. Una catástrofe pueden llegar de improviso o, por el contrario, puede ser prevista con antelación. Una gran inundación, un terremoto de una magnitud determinada, la erupción de un volcán, un incendio o incluso una epidemia, depende del entorno, de la previsión, de los medios de emergencias, de la gestión política, etc. Puede o no provocar cientos o miles de muertos, heridos, desaparecidos, personas aisladas o atrapadas. Según el último balance oficial del Centro de Integración de Datos (CID), la cifra de víctimas mortales registradas a causa de la DANA es de 222 y 4 desaparecidos.
Un mes después, la sensación generalizada responde a un sentimiento de abandono por parte del Estado, desde la Generalitat Valenciana al Gobierno de España, donde la población ha pasado de la desesperación a una normalización de la tragedia, donde la respuesta a la catástrofe no llega. La nueva normalidad de normalidad no tiene nada: calles y parkings anegados; sin iluminación nocturna; cientos de viviendas, negocios y empresas devastadas; infraestructuras destrozadas; escuelas cerradas; no poder trabajar, no tener recursos económicos; falta de agua potable; alcantarillas atascadas de lodo; miles de coches amontonados con siniestro total, que las ayudas sean tardías e insuficientes. Una distópica escena de ciencia ficción, que provoca sentimientos de inseguridad, de angustia, y de pesimismo, por una situación de ralentización y de falta de respuesta por parte del Estado.
Después de un mes, la gente empieza a darse cuenta, a ser conscientes de todo lo que han perdido y del tiempo necesario para alcanzar la normalidad de antes. Pero, parece que las instituciones del Estado, es decir Generalitat Valenciana, Gobierno de España, diputaciones y ayuntamientos no están haciendo lo suficiente. Todas las personas de Sedaví, Alfafar, Benetússer, Massanassa, La Torre, quedarán, de algún modo, física, psíquica o socialmente afectadas. Aunque no les haya ocurrido nada, aunque no sean afectados por pérdidas personales o económicas, el dramatismo que les rodea, provocará sentimientos de angustia, inquietud y desesperación.
En un principio se puede entender una desorganización inicial de los servicios públicos de socorro y una interrupción de los servicios públicos esenciales y de los canales habituales de abastecimiento a la población. Sea por falta de coordinación entre Generalitat Valenciana y Gobierno de España, por falta de gestión o simplemente por no disponer de los medios suficientes, por haber superado las previsiones sobre las que fueron dimensionados en base a la valoración de daños, donde ha sido necesario la participación de voluntarios. Pero, ya ha pasado un mes y la fase de rehabilitación aún parece fuera de control.
Habrá tiempo de dirimir responsabilidades, de las autoridades consideradas como los culpables de no avisar a tiempo de la catástrofe, de no poner los medios suficientes, de falta de gestión y coordinación de los servicios de emergencia, pero mientras tanto, en la zona cero de la DANA, hay un drama sin resolver, que espera una respuesta a la catástrofe, a los infinitos problemas que corren el riesgo de olvidarse por parte de las instituciones. Donde, el único consuelo de los valencianos y valencianas afectadas, es redescubrir el valor de los vecinos y de los voluntarios, el valor de la comunidad y de la frase «solo el pueblo salva al pueblo», aunque sea una realidad no del todo cierta, porque son las instituciones las que realmente deben salvar al pueblo.