El llenar las calles de toda España por la reivindicación de una vivienda digna, asequible y accesible para todas las personas, no es comunismo. Es una exigencia concreta de quienes sufren este grave problema. Y, un derecho de todos. La vivienda es un derecho básico sin el cual tenemos vedados otros derechos. Pretender acabar con el negocio de la vivienda, la especulación de empresas y particulares, tampoco es comunismo. Denunciar que existe un desajuste entre los salarios y los altos precios del mercado inmobiliario, tampoco lo es. Que los precios de alquiler y de compra no permite el acceso a colectivos como personas trabajadoras con ingresos medios y bajos, jóvenes o familias monoparentales, es una realidad. Eso, no es un bulo.
Estamos en una crisis habitacional que llega a amplias capas de la población. Es prácticamente imposible encontrar una vivienda con el 30% de nuestros ingresos mensuales netos, sea pagando un alquiler o una hipoteca. No existe un parque público de viviendas en régimen de alquiler. Las personas que tienen unas condiciones de vulnerabilidad, no tienen garantizado una renta mínima o una moratoria. Los alquileres pueden subir y no se contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler.
En España ha faltado un pacto de estado por la vivienda, el impulso de políticas públicas como el fomento del alquiler social y la ampliación del parque público de vivienda. Según la Constitución en el artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Pero, desde un punto de vista legal, el artículo 47 es un principio de política social y económica en la Constitución, no es un derecho fundamental. Donde «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». Pero, la realidad es que para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, debe haber colaboración privada para que sea realidad. Y, la vivienda en España casi siempre tiene iniciativa privada.
En septiembre de 2018, Pedro Sánchez decía: «Desarrollaremos una Ley de Vivienda que responda a su función social. Que combata la especulación y defienda la vivienda social y asequible como un servicio público. Que garantice la igualdad de todas las personas en su derecho a acceder a una vivienda digna«. Han pasado 8 años y por desgracia no se ha cumplido. Y, lejos de resolverse o demostrar signos de recuperación han aumentado los precios. Se siguen produciéndose desahucios por falta de pago de alquileres, hipotecas o por ocupación de viviendas vacías, a un ritmo de dos o tres diarios, muchos de ellos sin alternativas habitacionales.
El desahucio de Maricarmen, ha sido uno más, pero con una atención mediática que otros no han tenido. Una anciana de 87 años, es un ejemplo más de todos los que sufren un desalojo de su vivienda. Y, el fracaso de un sistema que antepone el beneficio económico a las personas. Donde un fondo buitre es capaz de cambiar los contratos de alquiler y subir el precio por cuatro o por cinco. Eso debería estar regulado por ley, pero no lo está. A Maricarmen la sacaron del piso en el que vivía desde hace 70 años, en una camilla. Sin una solución habitacional.
El Gobierno de España hizo dos decretos sobre la vivienda, presionado por el Sindicato de Inquilinas, la izquierda alternativa y las calles. Un decreto que incluía la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. Y, un segundo decreto que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler. Los dos decretos han decaído por el voto en contra de PP,Vox, UPN y Junts.
Las personas están en las calles luchando por el derecho a una vivienda digna. El movimiento de vivienda con miles de personas está demostrando que es una fuerza social imparable. Ahora toda esta fuerza debe ser canalizada en las urnas, para que la presión de las calles sean votos que frenen la especulación y el tener la vivienda como un negocio. Por desgracia, falta una izquierda alternativa y unida a la que se le pueda votar. El lunes sabremos si hay elecciones anticipadas o no. Pero, los sueños y esperanzas tienen que servir para llenar las urnas para conseguir el derecho a una vivienda digna y no perder otros derechos.
