Persecución judicial, guerra judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, politización de la justicia o lawfare de sectores reaccionarios del poder judicial, de grupos de ultraderecha y medios de comunicación para derribar el Govern del Botànic y en especial contra Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano. El «lawfare» o guerra judicial acecha constantemente a líderes y políticos de izquierdas, especialmente a Podemos, y a sus lideres Pablo Iglesias e Irene Montero, ahora le ha tocado a Compromís y a Mónica Oltra. Dos factores claves para que se produzca: los medios de comunicación y las autoridades judiciales. Una práctica que pone en cuestión uno de los fundamentos de la democracia, que es la independencia judicial y de la prensa.
La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, presenta su dimisión, cinco días después de ser imputada por el presunto encubrimiento del caso de abuso a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. El Tribunal aprecia “una serie de indicios plurales” que “hacen sospechar la posible existencia de un concierto” entre la aforada y diversos funcionarios para “proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada”. Una causa judicial que tiene su origen en los abusos que Luis R., entonces marido de la dirigente de Compromís y educador de un centro público de acogida, que cometió sobre una menor de 14 años que estaba bajo su tutela a finales de 2016 y 2017. Por estos hechos, el exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión por un delito de abusos a una menor de 16 años. La sentencia, fue confirmada íntegramente por el TSJCV en septiembre de 2021.
Al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de la formación ultra España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno. La Fiscalía Provincial, primero, y la Superior, avalaron la petición del juez instructor para que Oltra sea investigada en el alto tribunal valenciano. La ultra Cristina Seguí, el partido Vox y un grupo de abogados de la extrema derecha han logrado frenar la trayectoria política de Mónica Oltra.
Todos los cargos de primera línea de Compromís que mostraban su apoyo a Mónica Oltra, han intentado convencerla de que la dimisión era la única solución ante el inquietante panorama judicial. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, también le abandonó a sabiendas que esto impedirá una nueva reedición del Govern del Botànic y un posible triunfo de la derecha en las próximas elecciones valencianas. Cuando se tienen apoyos mediáticos amplios y jueces voluntariosos, se puede acabar con los rivales políticos con una persecución judicial de una manera totalmente eficaz. Asuntos que cualquier lego en derecho puede ver las arbitrariedades, la evidente intención política e incluso la posible chapuza judicial, pero que hay jueces y periodistas que están dispuestos a proseguir, con el fin de obtener un resultado: hacer daño a la democracia.