Mediador para desbloquear el Poder Judicial.

Desde el PP se criticó la figura del relator, mediador o verificador en los acuerdos firmados por el PSOE con ERC y con Junts, cada uno por una parte, habla de establecer un mecanismo de “acompañamiento, verificación y seguimiento”, que además en el caso de Junts recalca que fuera “internacional”. En las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial fuera la Comisión Europea quien supervise esas conversaciones. El modelo de trabajo consistirá en celebrar reuniones a tres, entre un representante del PP, el del PSOE y un comisario europeo de «perfil incontrovertible». Félix Bolaños como interlocutor para negociar el desbloqueo del Poder Judicial por parte del gobierno y el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons por el PP y el comisario europeo Didier Reynders.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial. El CGPJ no dicta sentencias, pero es el responsable de los nombramientos, ascensos, y traslados de los jueces, la inspección del funcionamiento de los juzgados y tribunales y la responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial.

No sabemos las reuniones que harán falta para solucionar sus diferencias y encontrar soluciones viables, el PP siempre ha querido bloquear el CGPJ para mantener abierta una vía de oposición al Gobierno desde otro poder del Estado. El Consejo General del Poder Judicial garantiza el autogobierno del Poder Judicial e impide la intromisión de los otros poderes del Estado en la independencia de jueces y magistrados. La norma actual dicta que el CGPJ es un órgano colegiado compuesto por 20 miembros, llamados vocales, nombrados por el Rey y elegidos por mayorías reforzadas de las Cortes Generales a razón de seis jueces y cuatro juristas el Congreso y otros tantos el Senado entre los candidatos previamente propuestos por las asociaciones judiciales o no asociados con avales suficientes. Esos vocales eligen al presidente, que lo es a su vez del Tribunal Supremo. Al no desbloquear el CGPJ el PP, sigue manteniendo la mayoría conservadora como si estuviera gobernando el PP.

Con mediador o sin mediador, hace falta la voluntad del PP de querer desbloquearlo. El Partido Popular, bloque ael CGPJ desde diciembre de 2018. Llevamos una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria, después de haberse celebrado  cuatro elecciones generales. Desde marzo de 2021 no han podido ejercer su función principal, que son los nombramientos en la cúpula judicial, con el colapso en el Tribunal Supremo no cubriendo vacantes. Sin olvidar que es un precepto constitucional que no se cumple.

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  1. Andrés Marco Lou

    Después de más de cinco años de bloqueo, el PP y PSOE han logrado alcanzar un acuerdo para proceder a la «inmediata renovación» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons y la mediadora, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.

    Han hecho falta cuatro reuniones de los negociadores, después de que en las tres primeras, con la mediación del comisario Didier Reynders, Bolaños y González Pons no pudieran acercar posiciones. El acuerdo permitirá en este mes de julio, en un pleno extraordinario del Congreso, la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y magistrados y los pasos para modificar la Ley Orgánica del Poder judicial a fin de «reforzar» su independencia. ha sentenciado el presidente del Gobierno respecto al bloqueo en la negociación para renovar el Poder Judicial. Pedro Sánchez dio al PP plazo del mes de junio para cambiar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o llevaría al Congreso una reforma para hacerlo. Por la razón, que sea se ha llegado a un acuerdo y se acaba no cumplir un precepto constitucional.

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