Los secretos oficiales son aquellas cuestiones que no se quiere o no interesa que se sepan, aunque estas sean de interés público. Con el pretexto de que pueden poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en el Consejo de Ministros de mañana, aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23-F,después de 45 años.
La Ley de Secretos Oficiales de 1968 nace en el marco de la dictadura franquista. Una ley en la que pueden llegar a mantenerse silenciados de por vida muchos secretos. Ni al PP ni al PSOE, en sus respectivas etapas de gobierno, les ha interesado reformar esta ley de secretos oficiales. En todos los países hay temas que pueden amenazar la seguridad y defensa del Estado. Pero, una cosa es proteger y otra muy diferente es ocultar.
Existe el derecho de acceso a la información, un derecho que es parte del derecho a la libertad de expresión. Información para los ciudadanos, parlamentarios, periodistas, jueces e historiadores y para toda la sociedad. El derecho de conocer la verdad es imprescindible. El dilema no es solo la existencia de secretos oficiales, sino la cantidad de años en los que un tema debe permanecer oculto. Los secretos oficiales amparan el secretismo y por lo tanto, puede suponer vulneraciones de derechos humanos y de imputaciones que no salgan a la luz.
Los secretos oficiales han impedido el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del franquismo, desde la exhumación de fosas, hasta el esclarecimiento de los casos de bebés robados hasta los dossieres de Villarejo. La huida del Sahara, el dinero de Roldán, lo que nunca se contó del «procés» catalán, el enriquecimiento de Juan Carlos I e incluso el uso de los fondos reservados. El terrorismo de los GAL o el golpe de Estado del 23-F de 1981. Un secreto oficial no debe servir nunca para ocultar información de delitos, violaciones de derechos humanos o contra la democracia. Y, por supuesto nunca debería ser un secreto guardado para siempre.
Revelar secretos de Estado es un grave delito, pero no es delito clasificar como secreto lo que no lo es. Su finalidad es ocultar temporalmente un asunto como secreto, con un fin que puede ser la seguridad de las personas o del Estado, pero al final se puede convertir en un tema opaco. Y, que su revelación puede comportar muchas complicaciones, para el Estado y para los implicados. El secreto tiene su razón de ser en un contexto de necesidad. Pero, no puede permitirse en un sistema democrático, que un asunto no llegue a conocerse.
Desclasificar los papeles del 23-F son necesarios para saber las responsabilidades del golpe de Estado del 23-F. Pero, hay muchos temas que se deberían de sacar a la luz en nombre de la transparencia. Es necesario modificar esta ley franquista que blindó los secretos de Estado para que nunca fueran desclasificados. La ciudadanía necesita conocer la verdadera historia y no mantener esa amnesia que configuró la Transición española.
Un secreto siempre protege a alguien, siempre es un tema oculto, que no interesa que se sepa o simplemente es una mentira. Conocer los secretos de Estado es parte de nuestra salud democrática. Tenemos derecho a conocer el pasado y que nos sirva para tomarlo en consideración para el futuro. Si el Estado tiene que proteger a personas, tiene muchos cauces para hacerlo, sin tener que ocultar los asuntos como secretos.
Los secretos oficiales pretenden conseguir la impunidad para ciertas personas e instituciones, donde lo único que se pretende es que no se sepa la verdad. No podemos tener una historia tapada, en la cual no interesa que se sepan las cosas que pasaron y cómo sucedieron. La diferencia entre un secreto oficial y la transparencia, es que en los secretos nunca se conocen las cloacas, los secretos y las mentiras del Estado.
