Hoy 14 de marzo se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma en España con motivo de la pandemia del Covid-19. Una fecha que nos transformó la vida y que puso la dialéctica entre libertad individual y bien común. Después de cinco años, se nos plantea muchas dudas de si estamos preparados para afrontar una nueva emergencia sanitaria: si hemos sido capaces de subsanar las deficiencias sanitarias, la ausencia de reservas estratégicas, la debilidad de los sistemas de información y de coordinación, las contradicciones en la respuesta o actualizar la legislación que ampare las actuaciones futuras en crisis sanitarias. Pero además, la pandemia planteó retos sin precedentes para los derechos humanos, en lo que la sociedad aún sigue difiriendo: ¿ que debe prevalecer la libertad personal o el bien común ?
La dialéctica entre libertad y bien común, es un tema cultural que parte de la educación, el cómo y cuando usamos nuestra libertad, debe respetar siempre a los demás favoreciendo el bien común. Porque el limite de la libertad personal es que no dañe al resto de la sociedad. Todos conocemos normas que nos vienen impuestas por las leyes y que no ponemos en duda: obedecer a los semáforos, llevar cinturón de seguridad en el coche o no sobrepasar la tasa de alcoholemia. Lavarse las manos con frecuencia, toser en la parte interna del codo, guardar un metro y medio de distancia con otras personas y llevar mascarilla fueron las recomendaciones que las autoridades sanitarias repitieron incesantemente para contener la epidemia del Covid-19. Cuando se impuso el confinamiento, la mascarilla o la necesidad de vacunarse hubo personas que dijeron que era un ataque a la libertad individual, cuando realmente era para defender a toda la sociedad de la pandemia.
Los japoneses y otros orientales llevaban mascarilla antes de la pandemia, consideran que si están resfriados el uso de la mascarilla es una forma de respetar y no contagiar a los demás. Algunos españoles consideraron que las medidas sanitarias impuestas durante la pandemia eran unas medidas autoritarias o punitivas que violaban su libertad personal. Incluso algunos líderes políticos mantuvieron una idea ególatra de la libertad, con un interés partidista y en contra de las recomendaciones del Gobierno de España y las autoridades sanitarias. La libertad en Madrid, por ejemplo, era «tomarse una caña» ignorando la pandemia. Por lo visto, no importaba que se contagiaran los demás, por tomarse una cerveza.
En España dirigentes de la extrema derecha consideraron que el estado de alarma suponía una “vulneración de derechos y libertades de los españoles”. Incluso el Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por Vox contra varios preceptos del decreto ley del 14 de marzo de 2020, declarando inconstitucional el primer estado de alarma que decretó el confinamiento. El confinamiento general, las restricciones de libertad de circulación, de derecho de reunión, el aislamiento de personas enfermas, el aislamiento domiciliario, el internamiento en centros hospitalarios o el sometimiento obligatorio a la vacunación, fueron muy criticadas por la derecha y la extrema derecha, por su repercusión social y económica, aunque quizás no había otra solución o se desconocía en ese momento.
El bien común consistía en detener los contagios y evitar el colapso del sistema sanitario. Y, la mayor parte de la ciudadanía, mostró su compromiso y convicción para entender una situación en la que había que asumir la limitación de libertades, aunque las críticas de PP, Vox y en menor medida Ciudadanos era presionar al Gobierno para hacerlo caer. No era una cuestión de libertad individual, ni de detener la pandemia, para muchos de ellos, era una cuestión política o más concretamente Pedro Sánchez.